El nuevo royalty minero implementado en 2024 logró una recaudación de más de US\$1.550 millones en su primer año de vigencia, superando con creces la estimación inicial del Gobierno, que proyectaba ingresos por US\$1.350 millones. La cifra fue revelada por un análisis de la consultora 1st Quartile Mining, basado en los informes presentados por las principales compañías del rubro ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
De acuerdo con el estudio, el grueso de la recaudación se concentró en tres grandes operaciones mineras, que aportaron el 90% del total.
Minera Escondida operada por BHP, lideró con un pago de US\$839 millones.
Collahuasi, controlada por Anglo American, Glencore y Japan Collahuasi Resources, contribuyó con US\$363 millones.
Los Pelambres, del grupo Luksic junto a un consorcio japonés, sumó US\$196 millones.
Estas cifras no consideran el impuesto ad valorem, equivalente al 1% de los ingresos por ventas de cobre, que eleva aún más el aporte fiscal de estas compañías.
Cambios relevantes en la carga tributaria
El informe compara además el impacto del nuevo esquema tributario con el antiguo Impuesto Específico a la Actividad Minera (IEAM), evidenciando un aumento sustancial en las tasas efectivas aplicadas.
En el caso de Minera Escondida, en 2023 pagó US\$226 millones con una tasa de 5,75%, mientras que en 2024, bajo el royalty minero, su carga tributaria subió a 17,11%, con utilidades por US\$3.290 millones y una producción de 1.241 mil toneladas de cobre fino.
Collahuasi, por su parte, pasó de pagar US\$152 millones con una tasa del 6,7% en 2023, a US\$427,4 millones en 2024 si se considera el componente ad valorem, con una tasa impositiva final del 14,4%.
En tanto, Los Pelambres registró un alza de 6,3% a 12,73% en su carga tributaria, pasando de US\$86 millones en IEAM a US\$196 millones bajo el nuevo régimen.
Contexto y proyecciones
La entrada en vigencia del royalty minero responde a la necesidad del Estado de capturar una mayor renta de la gran minería, en un contexto de altos precios del cobre y crecientes demandas sociales. Los resultados del primer año consolidan su efectividad como mecanismo de recaudación fiscal y anticipan una mayor presión impositiva para las grandes productoras, lo que podría generar nuevos debates en torno a su sostenibilidad y posibles ajustes.
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