A dos años de su entrada en vigencia, la Ley Karin enfrenta una segunda etapa marcada por el alto volumen de denuncias, la sobrecarga de la Dirección del Trabajo y la necesidad de distinguir con mayor precisión los casos que efectivamente corresponden a vulneraciones. En Antofagasta, una de las regiones con mayor número de casos acogidos, el fenómeno adquiere características propias. En Calama, además, la falta de dotación fiscalizadora plantea una pregunta clave: ¿puede una normativa protectora responder oportunamente en un territorio extenso y con una fuerte actividad minera?