
Camión de carga volcó en la curva “El Cuervo”; conductor resultó herido, pero fuera de riesgo vital.
En un contexto donde el avance de la tecnología ha transformado las dinámicas económicas y sociales, los delitos digitales también han encontrado nuevas formas de operar. Estafas relacionadas con criptomonedas, falsas ofertas laborales y engaños vinculados a encomiendas se han vuelto un desafío recurrente en la región de Antofagasta.
El auge de las estafas con criptomonedas
El modus operandi de estos fraudes comienza con atractivas propuestas para ingresar al mundo de las criptomonedas, ofreciendo sistemas de pago internacional, rápidos y económicos. Sin embargo, estas plataformas suelen ser una fachada. Las víctimas son contactadas, frecuentemente a través de grupos en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, para realizar tareas a cambio de supuestas ganancias en monedas digitales. Una vez que buscan retirar los fondos, se les exige un pago adicional, como “impuestos”, que nunca deriva en la entrega del dinero prometido.
Desde la PDI señalan que estas estafas están vinculadas a actividades delictivas más amplias. Los valores de los fraudes son variados, van desde pequeñas sumas hasta montos significativos, como el último caso denunciado, que ascendió a $8.000.000.
La naturaleza descentralizada y anónima de las criptomonedas dificulta las investigaciones, las cuales requieren tecnología avanzada para rastrear los movimientos de fondos y a sus responsables.
Falsas ofertas laborales: una nueva trampa
En plataformas como Laborum, los delincuentes han encontrado una oportunidad para aprovecharse de personas en búsqueda de empleo. Según la PDI, estos fraudes suelen ofrecer condiciones laborales demasiado favorables para atraer a sus víctimas, quienes, sin sospechar, entregan datos personales sensibles e incluso copias de sus documentos de identidad.
A pesar de que muchas personas ya reconocen estos engaños, las cifras de afectados en Antofagasta son bajas, con montos comprometidos que oscilan entre $200.000 y $500.000. La PDI continúa alertando a la comunidad sobre estos riesgos y recomienda siempre verificar la autenticidad de las ofertas laborales antes de compartir información personal.
Fraudes por falsas encomiendas
Otro modus operandi detectado en la región es el de las falsas encomiendas. En algunos casos, los delincuentes investigan previamente a las víctimas a través de sus redes sociales; en otros, envían mensajes genéricos para obtener información personal. Estos fraudes, aunque menos frecuentes, todavía logran captar la atención de personas desprevenidas.
Acción de la PDI y recomendaciones
La PDI está enfocada en educar y proteger a la comunidad. Aunque las denuncias relacionadas con estos delitos aún son bajas, la institución ha intensificado sus esfuerzos para advertir a la ciudadanía. Se recomienda desconfiar de mensajes de origen desconocido, ofertas demasiado buenas para ser verdad y solicitudes de datos personales o transferencias económicas sin previa verificación.
La institución reitera la importancia de la denuncia ante cualquier sospecha acudir a un cuartel de la Policía de Investigaciones de Chile más cercana para recibir orientación.
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La policía uniformada logró rastrear un robo ocurrido el 4 de agosto en una tienda de motos, localizar los bienes sustraídos, coordinar un operativo con el GOPE y capturar a tres presuntos autores con prontuarios delictivos.
Las acciones se enmarcan en la estrategia operativa de zona de la institución.
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El procedimiento en coordinación con la Fiscalía, se desarrolló en virtud de una querella presentada por los representantes legales en Chile de la empresa Apple Inc.
SENAPRED modificó la Alerta Temprana Preventiva a Alerta por evento meteorológico, debido a las proyecciones de viento y nevadas en distintos sectores de la región.
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Fallo marca un hito, pues se trata de la primera sentencia por este delito lograda en la región, y pone fin a una larga investigación dirigida por la unidad SACFI del Ministerio Público.
Ofició a ministerios, municipios, gobiernos regionales, universidades y empresas públicas para que detallen en 10 días sus mecanismos de control interno frente a casos ya investigados por la justicia.
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