Hasta el 6 de noviembre se desarrollan en el Primer Tribunal Ambiental las primeras audiencias del juicio interpuesto por 20 organizaciones sociales de Calama, que acusaron al Estado de Chile de negligencia frente a la contaminación atmosférica que afecta a la ciudad desde hace más de 16 años.
Actualidad04/11/2025
Editor
Entre el martes 4 y el jueves 6 de noviembre se realizan las audiencias iniciales del juicio ciudadano y popular presentado por un conjunto de 20 organizaciones sociales de Calama, en la Región de Antofagasta, en contra del Estado de Chile. El proceso busca que se reconozca el grave daño ambiental ocasionado por la contaminación minera y la omisión del deber estatal de protección a la salud pública.
La demanda apunta principalmente al retraso y la falta de ejecución de un plan efectivo de descontaminación atmosférica para la comuna, declarada zona saturada por material particulado respirable (MP₁₀) desde 2009 mediante el Decreto Supremo N.º 57. Según los demandantes, el Estado permitió que Calama siguiera funcionando como una “zona de sacrificio”, con niveles persistentes de contaminación, estaciones de monitoreo obsoletas y ausencia de políticas efectivas para proteger a la población.
Uno de los antecedentes clave del proceso es la decisión del Primer Tribunal Ambiental, en 2023, de anular el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) aprobado en 2022 durante el gobierno de Sebastián Piñera. El tribunal determinó que el plan había sido diseñado como si Calama fuese zona de latencia y no zona saturada, lo que implicaba estándares de control más laxos.
Durante las audiencias, las organizaciones presentan testimonios de habitantes afectados, informes técnicos y peritajes de especialistas que vinculan la exposición prolongada al material particulado y al arsénico con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otros problemas de salud. Los abogados de las agrupaciones solicitan que el Estado asuma su responsabilidad ambiental y sanitaria, adoptando medidas urgentes de reparación y mitigación.
Las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente defendien el trabajo en curso para elaborar un nuevo plan de descontaminación, además de la aplicación de medidas transitorias mientras se reestructura la red de monitoreo. Sin embargo, los demandantes consideran insuficientes esas acciones frente a más de una década de inacción.
El juicio tiene relevancia nacional por su carácter ejemplar: es uno de los pocos procesos en Chile donde organizaciones ciudadanas enfrentan directamente al Estado para exigir cumplimiento de normas ambientales en una zona de alta actividad minera. Los alegatos ponen de relieve la tensión entre el desarrollo productivo y el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Fuentes locales recordaron que, durante 2025, se registraron nuevos episodios críticos de contaminación en Calama, con niveles de MP₁₀ y dióxido de nitrógeno que llevaron al municipio a evaluar la declaración de alerta sanitaria. Además, investigaciones recientes advirtieron sobre la presencia de otros metales pesados en el aire, lo que incrementó la preocupación de la comunidad.
El fallo del tribunal se espera que defina responsabilidades y determine si el Estado deberá implementar medidas específicas de reparación y seguimiento ambiental para Calama, en lo que podría convertirse en un precedente clave para otras comunas afectadas por la contaminación industrial del país.
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