Investigación conjunta permitió identificar la operación de la red
La Fiscalía Local de Calama, en colaboración con la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), desarticuló una organización delictiva dedicada al tráfico de migrantes desde Bolivia hacia Chile. El Juzgado de Garantía de Calama formalizó a siete ciudadanos bolivianos por los delitos de asociación ilícita y tráfico reiterado de migrantes, decretando prisión preventiva debido al peligro que representan para la sociedad. El tribunal estableció un plazo de investigación de 150 días.
Operación transfronteriza con fines lucrativos
La investigación reveló que, desde abril de 2024, los imputados se dedicaban a facilitar la entrada ilegal al país de ciudadanos bolivianos mediante pasos fronterizos no habilitados. La organización cobraba entre $80.000 y $150.000 por persona, coordinándose con colaboradores en Bolivia que transportaban a las víctimas hasta la frontera chilena, específicamente por un sector cercano al Hito Cajón en la comuna de San Pedro de Atacama.
Una vez cruzada la frontera, las víctimas eran trasladadas en vehículos de la organización hacia las ciudades de San Pedro de Atacama o Calama, evitando los controles migratorios.
Fiscalía y PDI destacan resultados de la operación
El fiscal a cargo del caso destacó la importancia de esta operación para combatir el tráfico de migrantes en la región. “Hemos logrado desarticular una estructura criminal que lucraba con la vulnerabilidad de personas, exponiéndolas a condiciones de riesgo y violando la normativa migratoria de nuestro país”, señaló.
Por su parte, la PDI subrayó el trabajo conjunto que permitió identificar a los responsables y reunir las pruebas necesarias para su formalización. "Este tipo de delitos pone en peligro la seguridad de las fronteras y vulnera los derechos de las personas migrantes", indicaron desde la institución.
Prisión preventiva y continuidad de la investigación
La medida cautelar de prisión preventiva refleja la gravedad de los delitos imputados y busca garantizar el desarrollo del proceso judicial. Mientras tanto, la Fiscalía y la PDI continuarán investigando para determinar si existen más implicados en la red delictiva.
El caso pone en evidencia los desafíos asociados al tráfico de migrantes en zonas fronterizas y refuerza el compromiso de las autoridades chilenas para combatir este tipo de delitos.
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