
GORE aprueba financiamiento para reducir listas de espera en obesidad y ortodoncia en la Región de Antofagasta
Iniciativas impulsadas por el gobernador regional buscan mejorar el acceso a tratamientos de salud en la red pública.
El tribunal concedió 45 días adicionales a la Fiscalía para avanzar en diligencias pendientes, incluyendo el desafuero de la diputada Catalina Pérez.
Actualidad21/01/2025
Editor
El Juzgado de Garantía de Antofagasta aprobó este lunes la ampliación del plazo de investigación por 45 días en el caso Convenios, que involucra a las fundaciones Democracia Viva, Tomarte, Fibra y Fusupo. La decisión respondió a una solicitud del Ministerio Público, que justificó la medida debido a la existencia de 12 diligencias pendientes, entre ellas el trámite de desafuero de la diputada Catalina Pérez.
La Fiscalía expuso que estas acciones son fundamentales para esclarecer los delitos investigados, principalmente fraude al fisco y otros ilícitos relacionados. Durante la audiencia, las defensas de los imputados y la parte querellante se opusieron a la extensión del plazo o solicitaron que fuera menor.
Fundamentos de la ampliación
El tribunal consideró la complejidad del caso, el número de imputados formalizados y las diligencias aún en curso. También recordó que el plazo legal máximo para este tipo de investigaciones es de dos años desde la formalización. En ese contexto, estimó razonable la extensión de 45 días solicitada por la Fiscalía.
Próximas audiencias clave
El tribunal agendó para el 5 de febrero una audiencia destinada a revisar la situación cautelar de la imputada Lorena Cisternas. Asimismo, el 10 de marzo se debatirá el apercibimiento de cierre de la investigación.
Con este fallo, la Fiscalía tendrá un margen adicional para reunir pruebas y avanzar en el desarrollo de un caso que ha generado amplio interés público por su impacto en el uso de recursos fiscales.

Iniciativas impulsadas por el gobernador regional buscan mejorar el acceso a tratamientos de salud en la red pública.

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Autoridades revisaron el estado del Embalse Conchi y las obras de encauzamiento que se ejecutan en Calama y San Pedro de Atacama para prevenir riesgos asociados al invierno altiplánico.

El proceso registra un 50% de avance, con alta participación de empresas interesadas y más de 700 consultas recibidas, en una iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública mediante televigilancia de última generación.

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La llamada Ley Jacinta incorporará una declaración jurada de salud obligatoria y endurecerá las sanciones para quienes entreguen información falsa al momento de solicitar el documento.

Antecedentes internos activaron una revisión administrativa por eventuales conflictos de interés en el Servicio Local de Educación Pública Licancabur, luego de la contratación de familiares directos en áreas sensibles del servicio. La entidad aseguró que no se acreditaron irregularidades, pero adoptó medidas preventivas para resguardar la probidad.

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