Antecedentes internos activaron una revisión administrativa por eventuales conflictos de interés en el Servicio Local de Educación Pública Licancabur, luego de la contratación de familiares directos en áreas sensibles del servicio. La entidad aseguró que no se acreditaron irregularidades, pero adoptó medidas preventivas para resguardar la probidad.
Actualidad14/01/2026
Editor
Una serie de antecedentes internos derivó en una revisión administrativa al interior del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, luego de detectarse la contratación de familiares directos en distintas áreas del organismo. La situación generó alertas por eventuales conflictos de interés y concluyó con la desvinculación de dos funcionarios, según informó la propia institución.
El caso involucra a Gabriela Canario Salort, psicóloga titulada en 2021, quien ingresó al SLEP a fines de 2024 tras desempeñarse en centros de salud de la ciudad de Temuco. De acuerdo con información de Transparencia Activa, a noviembre del año pasado Canario se desempeñaba como coordinadora de la Unidad de Desarrollo Organizacional, cargo inserto en la estructura de Gestión y Desarrollo de Personas, área vinculada a la planificación y tramitación de contrataciones.
Desde esa posición, su rol levantó cuestionamientos internos por un eventual conflicto de interés, especialmente tras conocerse el ingreso de su hermana, Katherine Canario Salort, abogada, al departamento jurídico del servicio. Según antecedentes publicados por El Mercurio de Calama, la denuncia apuntó a que dicha contratación se habría realizado mediante un procedimiento directo y sin concurso público.
El escenario se amplió con la incorporación, en octubre de 2024, de Bastián Caro Araya, ingeniero civil industrial con mención en Mecánica, quien mantiene un vínculo personal con Katherine Canario y es señalado como cuñado de Gabriela Canario. La acusación sostiene que Caro ingresó a la Unidad de Compras de la Subdirección de Administración y Finanzas, pese a que su formación profesional no estaría directamente relacionada con el ámbito de las adquisiciones públicas.
Frente a estos antecedentes, el SLEP Licancabur informó que, tras analizar la información interna, tanto Katherine Canario como Bastián Caro dejaron de prestar servicios en la institución. El organismo precisó que la revisión consideró la existencia de parentescos entre funcionarios de distintas áreas, aunque aseguró que “no se detectaron irregularidades administrativas ni intervenciones indebidas en los procesos de contratación”.
Asimismo, el servicio explicó que la decisión adoptada corresponde a una medida preventiva, orientada a resguardar los principios de probidad administrativa, transparencia y la confianza de las comunidades educativas que dependen del SLEP.
Tras su desvinculación, Katherine Canario entregó su versión de los hechos y sostuvo que la información difundida se originó en una persona que, “actuando de mala fe, proporcionó información falsa”. Afirmó que su ingreso se realizó mediante un concurso abreviado autorizado por un acto administrativo, que su hermana Gabriela “no participó en los concursos” debido a su deber de abstención y que su pareja fue seleccionado en un proceso en el que “fue entrevistado por una psicóloga que no fue Gabriela”.
Finalmente, recalcó que no existe parentesco legal con Bastián Caro y anunció que presentará todos los antecedentes del caso ante la Contraloría General de la República.
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