Veintidós organizaciones acusan al Estado de Chile de negligencia por décadas de contaminación en la comuna. El proceso, actualmente en etapa de alegatos, podría convertirse en un precedente nacional en justicia ambiental.
Actualidad09/11/2025
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El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta desarrolla un proceso judicial sin precedentes: la demanda interpuesta por 22 organizaciones sociales de Calama en contra del Estado de Chile por daño ambiental. El juicio busca que se reconozca la responsabilidad estatal en la prolongada exposición de la población a la contaminación atmosférica, especialmente al material particulado respirable (MP10), así como a los impactos sobre la salud, el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes de la comuna.
De acuerdo con la acusación, Calama fue declarada “zona saturada” en 2009 mediante el Decreto Supremo N.º 57 del Ministerio del Medio Ambiente, debido a los altos niveles de contaminación presentes en el aire. Sin embargo, las organizaciones sostienen que desde entonces las autoridades no han adoptado medidas eficaces para revertir la situación. Los planes de descontaminación implementados —afirman— han sido insuficientes, mal fiscalizados y carentes de enfoque preventivo, permitiendo que la ciudad siga siendo uno de los lugares más contaminados del norte del país.
Durante las audiencias realizadas en noviembre, el tribunal escuchó la declaración de 18 testigos, entre ellos especialistas, exautoridades locales y ciudadanos afectados. Entre los testimonios más relevantes se encuentra el del senador Esteban Velásquez, quien fue alcalde de Calama entre 2008 y 2016. Velásquez recordó que durante su gestión se negó a firmar un plan de descontaminación que consideraba “insuficiente y cosmético”, y afirmó que “Calama no puede seguir siendo una zona de sacrificio, ni el Estado puede seguir actuando como un espectador del deterioro ambiental”.
Las organizaciones demandantes sostienen que el daño ambiental se ha traducido en enfermedades respiratorias, pérdida de biodiversidad, afectación de cursos de agua —especialmente el río Loa— y un deterioro general de la calidad de vida. Denuncian además una relación desequilibrada entre la actividad minera de gran escala, que genera riqueza para el país, y las condiciones ambientales que soportan las comunidades locales. En su argumentación, plantean que el Estado, al no garantizar políticas efectivas de prevención, fiscalización y reparación, ha incumplido su deber constitucional de proteger el medio ambiente y la salud de las personas.
El proceso judicial busca establecer responsabilidades concretas y definir un plan de reparación integral que contemple medidas de mitigación, restauración y compensación para la comuna. Entre las posibles acciones se mencionan mejoras en la calidad del aire, programas de salud pública, monitoreo epidemiológico y recuperación de ecosistemas afectados.
Concluida la etapa de prueba, el tribunal deberá fijar la fecha de los alegatos finales. Tras ello, se espera una sentencia que podría sentar un precedente histórico para las zonas afectadas por la contaminación en Chile. El caso de Calama podría convertirse en un símbolo de la lucha por la justicia ambiental y en un llamado a repensar la relación entre el desarrollo económico, la minería y la protección de las comunidades.
Sea cual sea el fallo, el proceso ya ha marcado un hito: por primera vez, un conjunto amplio de organizaciones sociales logra llevar al Estado ante la justicia ambiental por su presunta omisión en la protección del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Para los habitantes de Calama, el juicio representa una oportunidad de reparación, pero también una exigencia de reconocimiento y dignidad frente a décadas de postergación ambiental.
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