Desalojo de tooma en San Pedro: Recuperan 120 hectáreas

Con la coordinación de Bienes Nacionales, Delegación Presidencial Provincial de El Loa, Municipalidad de San Pedro de Atacama y Carabineros de Chile se realizó de forma exitosa el desarme de una toma ilegal incipiente que estaba emplazada en las cercanías de una vía de riesgo aluvional.

Actualidad 01/02/2024 Editor Editor
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Antofagasta, 31 de enero 2024.- Este miércoles, y tras reiteradas denuncias de la comunidad, se llevó a cabo el desalojo administrativo del inmueble fiscal ubicado en el sector nororiente del poblado de San Pedro de Atacama.

Se trata de aproximadamente 120 hectáreas que estaban siendo demarcadas y tizadas por ocupantes ilegales para construir una futura toma habitacional que, mediante una retroexcavadora, un camión y una cuadrilla de trabajadores, fue desalojada tempranamente. 

“No podíamos permitir que esta ocupación se consolidara porque las potenciales viviendas que se levantaran allí no se pueden regularizar, y porque, en este caso particular, se ponía en juego la vida de las personas. Para nuestro Gobierno la seguridad de todas y todos es muy importante”, expresó la ministra Marcela Sandoval sobre la restitución que se llevó adelante en una zona de valor para la comunidad indígena y que además está muy cerca de una vía de riesgo aluvional.

Además enfatizó que su cartera seguirá contribuyendo a la recuperación oportuna y coordinada de terrenos fiscales que son tomados ilegalmente y que “estas restituciones a nivel nacional ya superan las 600 hectáreas”. 

El procedimiento se logró gracias al trabajo en conjunto entre la Delegación Presidencial Provincial El Loa (DPP), el municipio y la Seremi de Bienes Nacionales. “El operativo se realizó de manera pacífica y afortunadamente a las personas se les informó, no hubo mayores dificultades. Se agradece la comprensión por parte de la comunidad. Seguiremos realizando estas acciones en sectores que no están habilitados para poder ser utilizados”, indica Felipe Lagos, coordinador de emergencia y contingencia de la DPP. 

En esta misma línea, el alcalde de la comuna de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta, acota que el fin de semana pasado se les notificó a las personas que estaban ocupando ilegalmente el terreno Y que tenían que irse. 

“Fuimos muy claros en decir que no existe la posibilidad de avanzar hacia soluciones habitacionales a corto plazo, dada la lista de espera que está formada por comités que vienen trabajando desde hace muchos años. Y, por otro lado, les hicimos entender que es imposible seguir creciendo como pueblo de forma tan desorganizada, sabiendo que no tenemos los recursos necesarios, principalmente en el caso de agua potable”, apunta el jefe comunal. 

Por su parte, Pamela Ibarra, presidenta de la Comunidad San Pedro de Atacama, agradeció la rápida respuesta de las autoridades. “Encontramos importante que se haya hecho en esta etapa (toma incipiente) porque sabemos que hay una fila de comités esperando, por eso, no es llegar y tomarse un terreno. Esta es una zona de riesgo, donde además se encuentra un cementerio indígena”.

Asimismo, la dirigente señaló que “las tomas no son la manera para llegar a buen puerto para obtener una vivienda. Hay comités de vivienda que llevan 16 años esperando”.     

Fiscalización 

Es fundamental mencionar que el fin de semana, la seremi de Bienes Nacionales en la región de Antofagasta, Angelique Araya, junto al alcalde Zuleta, estuvieron en el lugar corroborando esta ocupación y dialogando con las personas para sugerirles el abandono voluntario, evitando así, un desalojo con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

“Sin embargo, se hizo caso omiso a la recomendación, por lo que este lunes un equipo de fiscalizadores de la Seremi de Bienes Nacionales concurrieron al sector verificando la llegada de más personas al lugar, lo que originó oficiar a la Delegación y coordinar a la mayor brevedad este desalojo materializado ayer”, explica Araya.

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El seremi del Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, Gustavo Riveros, explicó que mientras se desarrolla el nuevo instrumento, se aplicarán medidas provisionales para proteger la salud de las personas. Además, recalcó que se espera que el PDA esté listo en un plazo no mayor a dos años.

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