En la Región, Antofagasta, Calama y Tocopilla figuran entre los municipios destacados por el informe
Actualidad29/08/2024
Marcelo Barrera
La Contraloría General de la República de Chile emitió su informe de investigación final sobre los convenios suscritos entre 13 municipios del país y la Fundación Daya, cofundada por la diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista). Estos convenios, que tenían como objetivo el desarrollo de un "Programa de uso compasivo de aceite de cannabis como terapia complementaria para pacientes oncológicos y con epilepsia", han revelado serias irregularidades y un incumplimiento generalizado de los acuerdos establecidos.
Entre los municipios involucrados destacan Calama, Tocopilla y Antofagasta, todos en la región de Antofagasta, junto a otros 10 municipios de diversas regiones del país. La investigación, que abarcó desde enero de 2015 hasta diciembre de 2023, se inició a raíz de una denuncia presentada por el diputado de Republicanos Juan Irarrázaval.
El informe concluyó que, en la mayoría de los casos, las municipalidades no recibieron los medicamentos acordados para entre 100 y 200 pacientes por año. De hecho, nueve municipios no recibieron ningún producto, mientras que dos obtuvieron solo una parte del suministro prometido. Esta situación representa un perjuicio fiscal significativo, dado que las subvenciones entregadas por las municipalidades ascendieron a $288 millones.
Además, se detectó que las cosechas de cannabis, fundamentales para la elaboración de los tratamientos, sufrieron una pérdida del 76,9%. La Contraloría también cuestionó $54 millones en gastos rendidos por la Fundación Daya, señalando que muchos de estos no estaban justificados ni relacionados con los objetivos del proyecto.
El informe reveló que municipios como Calama, Tocopilla, y Calera de Tango suscribieron los convenios con la fundación Daya sin que esta tuviese las autorizaciones necesarias del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Instituto de Salud Pública (ISP) para la siembra, cultivo y elaboración de los productos. Este hecho, junto con el incumplimiento de las metas y la falta de acción por parte de los municipios para exigir el cumplimiento de los convenios o la restitución de los recursos, ha llevado a la Contraloría a ordenar la apertura de un sumario para determinar responsabilidades administrativas y a remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Por su parte, la Fundación Daya ha respondido señalando que la inacción de los municipios fue la causa principal de los incumplimientos y que los tratamientos ofrecidos representaban un ahorro significativo para las municipalidades.
Este informe ha puesto nuevamente en el foco de atención a la diputada Gazmuri, quien ha sido una defensora activa de la legalización del cannabis, pero cuya vinculación con la Fundación Daya y su brazo comercial, DayaCann SpA, ha suscitado críticas por posibles conflictos de interés. Aunque Gazmuri se retiró del directorio de la fundación en 2021, su esposo y otros familiares han continuado involucrados en la gestión de la organización, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y el manejo de los recursos públicos.
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