Diputado José Miguel Castro junto a RN solicita al Servel evaluar presentar una querella en contra de Democracia Viva y pide auditar las cuentas de la fundación

En el marco de investigación por millonarios traspasos a fundación Democracia Viva

Actualidad 29/06/2023 Editor Editor
diputado J M Castro

Un oficio dirigido al Servel solicitando al organismo “instruir revisar los antecedentes que obran en su poder y requerir información tanto del representante legal de la Fundación Democracia Viva como del coordinador ejecutivo por la campaña del Apruebo, a efectos de resolver si los nuevos antecedentes conocidos últimamente, ameritan que este Servicio Electoral ejerza la acción penal que la ley le ha encomendado”, enviaron los diputados Frank Sauerbaum y Marcia Raphael, en calidad de jefe y subjefe de bancada de diputados de Renovación Nacional, junto al diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro.

El origen de la instancia fiscalizadora está en que el Servicio Electoral depositó $51.763.098 en la cuenta de Democracia Viva, en circunstancias que la fundación liderada por Daniel Andrade, recibió $31.540.00 en aportes de campaña. La subjefa de la bancada de diputados RN, afirma que “hay una diferencia que deja entrever que cerca de 20 millones de pesos están desaparecidos. Ciertamente, eso se debe investigar, y no basta con que el Servel argumente que el plebiscito de salida tenía reglas especiales”.

Entre los fundamentos, los parlamentarios destacan que “en efecto, el martes recién pasado, por una carta enviada al Consejo para la Transparencia por quien fuere coordinador ejecutivo por la campaña del Apruebo, don Felipe Heusser, se conoció que la cuestionada Fundación Democracia Viva fue receptora de fondos en el marco de la campaña del plebiscito de salida del fenecido proceso constituyente. De acuerdo con el testimonio del coordinador ejecutivo de la campaña, la Fundación Democracia Viva era parte de Aprueba por Chile, entidad que reunía a más de un centenar de organizaciones en favor de la propuesta de Constitución que evacuare la Convención Constituyente hace aproximadamente un año”

Y agrega que, “según describió Felipe Heusser, la fundación Democracia Viva tenía un giro compatible con la recepción de fondos electorales, lo que coincidía con su reciente constitución al alero de un proceso constituyente que se encontraba en el tramo final”. 

Frank Sauerbaum, jefe de bancada, dijo por su parte que “acá está en juego la fe pública y la integridad del sistema electoral. Ciudadanos de buena fe aportaron para promover una opción, y, eventualmente, esos dineros fueron a parar a otra parte. El Servel puede y debe investigar, y por qué no, deducir acción penal si fuese necesario”.

*De esta manera -explica el texto-, se habría transferido a la Fundación Democracia Viva un monto cercano a los 52.000.000 de pesos, recursos que fueron rendidos al Servicio Electoral con fecha de 18 de octubre del año 2022. Lo anterior, se contradice con el balance del Servicio Electoral elaborado con ocasión del plebiscito de salida, según el cual la Fundación Democracia Viva solo habría recibido en aportes de campaña un monto de 31.540.000 pesos. Hay por cierto una diferencia relevante, que habría sido donada con fines de promover una determinada opción plebiscitaria, pero cuyo destino se desconocería. De confirmarse la diferencia entre los montos, y que importa una suma cercana a los 20 millones de pesos, restaría iniciar una investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas, pero también penales, en tanto resulta evidente que los fondos donados habrían tenido un fin o destino diverso al pretendido por los donantes y señalado por la ley”.

Finalmente, el diputado por Antofagasta, José Miguel Castro, señaló que “Democracia Viva fue creada al alero del debate constituyente, y si se confirman las inconsistencias en las cifras, parecería haber usado el proceso constituyente con fines sustancialmente distintos a aquellos. De comprobarse que hubo un uso diverso de los aportes electorales y de los recursos fiscales destinados a campamentos sociales, estaríamos frente a delitos que ameritan cárcel y el más absoluto reproche de todos los sectores políticos”.

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