EditorLa gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur recibió una dura evaluación del presidente del Colegio de Profesores de Calama, Ariel Aguirre, quien calificó con nota roja el proceso de instalación y funcionamiento del organismo, apuntando a problemas administrativos, falta de docentes, inestabilidad laboral y deficiencias en la gestión técnico-pedagógica. “La nota al SLEP, para nosotros, es la prueba, esperemos que vayan mejorando los procesos”, sostuvo el dirigente en entrevista con Tiempo de Noticias.
Aguirre explicó que, desde el inicio de la instalación del servicio local, se han acumulado dificultades que han afectado el funcionamiento de la educación pública en el territorio. Entre ellas mencionó la rotación de autoridades: según detalló, han pasado tres directores ejecutivos, cuatro directores de Gestión de Personas y dos o tres responsables de la subdirección técnico-pedagógica. A su juicio, estos cambios han perjudicado la continuidad de los procesos y la administración del sistema educativo.
Uno de los aspectos que más preocupa al gremio es la situación de las plantas docentes. El dirigente recordó que a comienzos de este año denunciaron que más de 100 profesores no estaban incorporados a las dotaciones correspondientes. Aunque la situación experimentó modificaciones durante los meses siguientes, aseguró que al 4 de noviembre todavía existían establecimientos sin sus equipos completos. Además, advirtió que las recientes desvinculaciones dejan al territorio con cerca de 35 docentes menos. “Hay escuelas y liceos que sí tienen sus plantas completas, pero hay otros que nunca consiguieron el profesor idóneo, nunca pudo llegar el reemplazo, nunca se pudo completar esa planta”, afirmó.
El presidente comunal también cuestionó las condiciones estructurales bajo las cuales operan los servicios locales, particularmente el financiamiento y la burocracia del sistema público. En su opinión, la Ley 21.040 requiere modificaciones que permitan responder con mayor rapidez a las necesidades de los establecimientos. “Mientras el tema del financiamiento no se aclare y no sea un financiamiento basal, yo creo que vamos a seguir con los problemas estructurales”, planteó, advirtiendo que las dificultades no se limitan a infraestructura o administración, sino que repercuten directamente en la estabilidad laboral de docentes y asistentes de la educación.
Otro de los puntos abordados fue la participación de las comunidades escolares en las decisiones del SLEP. Aguirre sostuvo que las instancias contempladas en la normativa no han conseguido representar efectivamente la diversidad de las comunidades educativas de las comunas bajo su administración. A esto sumó cuestionamientos por la gestión técnico-pedagógica, que calificó como una de las áreas más pendientes. El dirigente insistió en que la educación pública debe considerar las particularidades de cada territorio y no limitarse al cumplimiento formal de mecanismos de participación.
En la entrevista con Tiempo de Noticias, Aguirre también abordó la disminución de la matrícula escolar en los niveles iniciales y básicos. Si bien reconoció que esta tendencia representa un riesgo para la conformación de las plantas docentes, planteó que también podría convertirse en una oportunidad para mejorar las condiciones de aprendizaje. En ese sentido, propuso avanzar hacia cursos con un máximo de 35 estudiantes por sala, de acuerdo con lo que permite la normativa, en lugar de responder a la caída de matrícula mediante la fusión de cursos o el cierre de establecimientos. En paralelo, confirmó que el próximo 18 de noviembre se realizarán las elecciones del Colegio de Profesores a nivel nacional, regional y comunal, proceso en el que buscará la reelección junto a su equipo, tras una gestión iniciada en 2017.
