EditorLa Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa del estudiante imputado por el homicidio de una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, confirmando así la decisión adoptada previamente por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
La acción judicial buscaba suspender el procedimiento penal argumentando una eventual inimputabilidad por enajenación mental del acusado, identificado con las iniciales H.C.M.L., quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por homicidio calificado consumado y cuatro homicidios frustrados.
El caso se remonta al 27 de marzo, cuando el estudiante de 18 años protagonizó un ataque con arma blanca al interior del establecimiento educacional, hecho que terminó con la muerte de la inspectora María Victoria Reyes y dejó además a otras cuatro personas heridas.
La defensa del imputado había sostenido ante los tribunales que el joven presentaba un “juicio de realidad alterado” al momento de los hechos, situación que —a juicio de sus abogados— le impedía comprender la ilicitud de sus actos o actuar conforme a esa comprensión. Además, argumentaron que el estudiante presenta Trastorno del Espectro Autista y una depresión severa diagnosticada hace años.
Sin embargo, tanto la Corte de Antofagasta como ahora la Corte Suprema descartaron que existieran antecedentes suficientes para suspender la causa por razones de salud mental.
En abril, el tribunal de alzada ya había establecido que el imputado se encontraba privado de libertad por resolución de un tribunal competente y conforme a derecho, rechazando que existiera una vulneración a sus garantías constitucionales.
El fallo sostuvo además que la acción de amparo no era la vía idónea para discutir la eventual inimputabilidad del acusado, materia que debe resolverse dentro de la investigación penal y con base en peritajes especializados.
Según informó la defensa en los alegatos previos, aún se encuentra pendiente un informe psiquiátrico forense que determinará el estado mental del imputado y la eventual existencia de una patología que pudiera influir en su responsabilidad penal.
Con la resolución del máximo tribunal, el estudiante continuará en prisión preventiva mientras avanza la investigación del Ministerio Público por uno de los hechos de violencia escolar más graves registrados este año en el país.
