EditorUna de las mayores alzas recientes en el precio de los combustibles comenzará a regir en Chile a partir de este jueves, en un contexto marcado por la volatilidad internacional del petróleo y los ajustes al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), herramienta clave para amortiguar las variaciones del mercado externo.
De acuerdo con estimaciones oficiales, el incremento alcanzaría hasta $370 por litro en las gasolinas y $580 en el diésel, reflejando el impacto directo del encarecimiento del crudo a nivel global, influido por tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Aunque el MEPCO sigue vigente, el Gobierno introdujo modificaciones en su funcionamiento, como el cambio en la periodicidad de cálculo —de tres a cuatro semanas— lo que reduce su capacidad de amortiguación inmediata frente a alzas abruptas.
Este mecanismo, creado en 2014, opera ajustando el impuesto específico a los combustibles —al alza o a la baja— para estabilizar los precios internos frente a las fluctuaciones internacionales.
Presión inflacionaria y costo de vida
El ajuste no solo impactará a los automovilistas, sino que tendrá efectos en cadena sobre el transporte, la logística y los precios de bienes básicos, profundizando las presiones inflacionarias. Chile, altamente dependiente de la importación de combustibles, enfrenta un traspaso casi directo de los precios internacionales al mercado interno.
En este escenario, el Ejecutivo anunció un paquete de medidas para contener el impacto, como el congelamiento de tarifas del transporte público en Santiago, subsidios a taxis y colectivos, y apoyos focalizados a regiones.
Sin embargo, estas acciones han sido cuestionadas por autoridades del norte, quienes advierten una falta de enfoque territorial en la respuesta gubernamental.
Críticas desde Antofagasta: foco en desigualdad territorial
El diputado Jaime Araya calificó el alza como un “golpe brutal a las familias”, apuntando directamente a lo que considera una desconexión del Ejecutivo con la realidad regional.
“El Gobierno no tiene ni una sola medida pensando en el norte de Chile, son solo medidas para Santiago”, afirmó, agregando que la decisión refleja una “indiferencia escalofriante” frente al impacto en la clase media.
En esa línea, el parlamentario presentó una propuesta para reforzar el financiamiento del MEPCO mediante mayores tributos a grandes empresas, junto con rebajas al impuesto específico a los combustibles y un impulso decidido a la electromovilidad.
Zona franca y medidas excepcionales: el debate se instala
Desde la misma región, el diputado Sebastián Videla propuso declarar zona franca a Antofagasta como medida de mitigación ante el alza histórica.
“No todos viven de la minería”, enfatizó, advirtiendo que el aumento del costo de los combustibles afecta directamente a trabajadores, emprendedores y pequeñas empresas. A su juicio, una zona franca permitiría reducir costos, dinamizar la economía local y aliviar el impacto en la vida cotidiana.
El planteamiento encuentra eco —aunque con matices— en el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, quien llamó a evaluar la medida con cautela.
Si bien reconoció que podría ser una solución de corto plazo frente al “shock” internacional, advirtió que sus efectos deben analizarse en el mediano plazo, considerando experiencias como las de Arica e Iquique. Asimismo, insistió en revisar componentes estructurales del sistema, como los impuestos específicos a los combustibles.
Advertencias desde el Senado
El senador Esteban Velásquez fue más allá en sus críticas, cuestionando la decisión de traspasar el costo del escenario internacional directamente a la ciudadanía.
“Es indolencia traspasar el costo de la guerra a la ciudadanía”, afirmó, alertando sobre el impacto generalizado en el costo de vida y especialmente en los sectores más vulnerables.
Un escenario abierto
La adecuación del MEPCO y el alza de los combustibles se transforman así en una de las primeras grandes pruebas económicas y políticas para el Gobierno, en un contexto de estrechez fiscal y alta sensibilidad social frente al costo de la vida.
Mientras el Ejecutivo apuesta por medidas de contención acotadas, desde las regiones emergen propuestas que apuntan a cambios más estructurales, instalando un debate que probablemente se intensifique en las próximas semanas: cómo equilibrar sostenibilidad fiscal, estabilidad de precios y equidad territorial en un país altamente expuesto a los vaivenes del mercado energético global.
