Fiscalía solicita 18 años de cárcel para excadetes de Cobreloa acusados de violación

La acusación presentada por el Ministerio Público detalla la participación de nueve jóvenes en una grave agresión sexual ocurrida en 2021, con tres agravantes que elevan la pena solicitada.

Actualidad31/05/2025EditorEditor
casa_cadetes_Cobreloa
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La Fiscalía Local de Calama presentó una acusación formal por el delito de violación en contra de nueve excadetes del Club de Fútbol Cobreloa, solicitando una pena de 18 años de presidio para cada uno de los imputados. Los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2021 y afectaron a una joven mayor de edad.

De acuerdo con la acusación, la víctima acudió junto a una amiga a una fiesta que se realizaba en una residencia habilitada como casa habitación para juveniles del club. Durante la jornada, se produjeron diversas interacciones con los acusados, las que, según el Ministerio Público, culminaron en una agresión sexual múltiple en la que participaron directamente ocho de ellos, mientras el noveno grabó el hecho con su teléfono celular.

El escrito detalla que la víctima se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas al momento de la agresión, y en un estado de fuerte intimidación, lo que le impidió resistirse o pedir auxilio. La fiscalía sostiene que este contexto vulneró completamente la posibilidad de consentimiento, configurando el delito de violación con extrema gravedad.

Además, la acusación identifica tres agravantes de responsabilidad penal: la comisión del delito con alevosía, la participación de múltiples autores, y el uso de medios que aumentaron la humillación hacia la víctima. Estos elementos motivaron la solicitud de penas elevadas, en un caso que ha generado conmoción en la comunidad local.

Con la acusación ya presentada, el proceso judicial avanza hacia la audiencia de preparación del juicio oral, donde se determinará la admisibilidad de las pruebas reunidas por la Fiscalía durante la investigación. Posteriormente, se desarrollará el juicio oral, instancia en la que se definirán las eventuales responsabilidades penales de los imputados.

La causa se mantiene en manos del Ministerio Público, que ha señalado su intención de perseguir las máximas sanciones que la ley establece para este tipo de delitos.

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