Contraloría identifica a Comdes entre servicios con irregularidades en uso de licencias médicas

-El informe detectó que 328 trabajadores salieron del país mientras estaban con permisos de salud, parte de una práctica extendida en el sector público. -Parlamentarios exigen sanciones y cambios normativos.

Minería22/05/2025EditorEditor

Un total de 328 funcionarios de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes) aparecen en un listado nacional elaborado por la Contraloría General de la República (CGR), tras detectar que salieron del país mientras estaban con licencia médica, incumpliendo así las instrucciones de reposo indicadas por profesionales de salud.

El dato forma parte del noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), que reveló que, entre 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos o pertenecientes a entidades que prestan servicios al Estado realizaron viajes fuera del país durante sus períodos de licencia médica.

De acuerdo con el informe, se emitieron 35.585 licencias médicas a estos trabajadores. De ellas, un 69% fueron otorgadas por Fonasa y el 31% restante por diversas Isapres. Según información proporcionada por la Policía de Investigaciones (PDI), se detectaron 59.575 ingresos o salidas del país en esos períodos de reposo.

El documento también indica que 125 funcionarios acumularon entre 16 y 30 movimientos migratorios mientras estaban con licencia. Además, el 25% de las licencias se concentró en solo 13 servicios públicos, destacando entre ellos JUNJI con 2.280 permisos, Fundación Integra con 1.934, y la Municipalidad de Arica con 719.

En ese grupo aparece Comdes, en el puesto número 13, con 328 funcionarios involucrados, lo que lo convierte en uno de los servicios con más casos registrados en esta práctica irregular.

El informe agrega que las fechas con mayor concentración de salidas y entradas al país fueron entre septiembre y diciembre, lo que podría relacionarse con fines de semana largos y periodos de vacaciones.

Desde Contraloría advierten que esta información será remitida a los organismos respectivos para que se investigue caso a caso y se determinen las posibles responsabilidades administrativas.

Parlamentarios exigen sanciones y cambios normativos

Frente a estos antecedentes, el diputado Jaime Araya fue categórico en su condena: "Son unos sinvergüenzas, es un verdadero escándalo lo que han hecho estos funcionarios públicos, que con licencia médica se fueron de vacaciones al extranjero, con los recursos de todos los chilenos. Este abuso tiene que parar”,afirmó el legislador.

Asimismo, anunció acciones legales: “Voy a hacer la denuncia al Ministerio Público, porque aquí hay responsabilidades penales. Esto es fraude de subvenciones”.

En tanto, el senador por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez, también repudió los hechos señalados en el informe: “El informe que presenta la Contraloría respecto al mal uso de licencias médicas es realmente condenable. Estos hechos se constituyen prácticamente en un abuso no solo de confianza, sino que rayan en la ilegalidad misma”, indicó.

Velásquez hizo un llamado a actuar con responsabilidad: “Es importantísimo que organismos pertinentes como la Contraloría, y si corresponde, el Ministerio Público, investiguen caso a caso esta situación, estableciendo sanciones que sean pertinentes. Lo que no puede ocurrir es que una herramienta tan importante como la licencia médica, que resguarda el derecho de un trabajador, sea utilizada de manera abusiva”.

Además, el senador planteó la necesidad de reformas legales: “Esto también nos lleva, desde el marco legislativo, a buscar reformas o proponer algún tipo de proyecto de ley que modifique la legislación vigente para así profundizar la regulación en el uso de estas licencias médicas. Cuando hay abuso de este tipo, se hace necesario establecer normas más estrictas, porque se trata del uso de recursos fiscales”.

Finalmente, Velásquez subrayó la importancia de preservar el servicio público: “Hacemos un llamado a cuidar el servicio público y fomentar la probidad en todos los escenarios, tanto por parte de los sostenedores y empleadores, como también de los trabajadores y trabajadoras. Esto requiere equilibrio en un sistema que, si bien no es perfecto, debe proteger derechos sin dejar espacio para el abuso”.

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