Personajes clave en el "caso Democracia Viva" que remece a RD

Investigación judicial y administrativa sobre el traspaso de fondos desde el Serviu a la fundación Democracia Viva genera cuestionamientos políticos.

Actualidad 22/06/2023 Editor Editor
Caso Democracia Viva

La fundación Democracia Viva, objeto de polémica, involucra a diversos personajes clave en la investigación dirigida por el fiscal Cristian Aguilar de la Fiscalía Local de Antofagasta. Se ha ordenado a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI analizar las transacciones entre la entidad encabezada por Daniel Andrade y el Serviu de Antofagasta, con el propósito de determinar posibles delitos como fraude al Fisco o tráfico de influencias.

Entre los protagonistas del caso se encuentran una diputada, su pareja, un arquitecto, una trabajadora social y un fiscal previamente cuestionado por la fuga de la exalcaldesa Karen Rojo. Estos nombres se repiten en una trama que ha generado cuestionamientos tanto políticos como judiciales.

La Fiscalía ha iniciado una investigación para evaluar la legalidad de la asignación de fondos a la ONG, mientras que Contraloría está revisando los antecedentes del Ministerio de Vivienda para determinar posibles faltas administrativas en el "trato directo" entre el Serviu y Democracia Viva durante octubre y noviembre de 2022.

El caso se encuentra en proceso de investigación por parte del Ministerio Público y la PDI. La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha manifestado su preocupación y la necesidad de brindar respuestas claras ante cualquier situación que ponga en duda el uso de los recursos públicos y genere suspicacias, evidenciando la relevancia del asunto en el ámbito gubernamental.

El "caso Democracia Viva" continúa desarrollándose y atrayendo la atención pública. La sociedad espera respuestas contundentes sobre la transparencia en el manejo de los recursos públicos y las relaciones entre entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

Nota: La fundación Democracia Viva está siendo investigada por posibles delitos como fraude al Fisco y tráfico de influencias. Entre los implicados se encuentran una diputada, su pareja, un arquitecto, una trabajadora social y un fiscal. La Fiscalía y Contraloría están evaluando la legalidad de los fondos asignados y posibles faltas administrativas. El caso genera cuestionamientos políticos y se encuentra en proceso de investigación por parte del Ministerio Público y la PDI. La ministra del Interior ha destacado la importancia de dar respuestas claras y garantizar el buen uso de los recursos públicos. La sociedad espera transparencia en el manejo de los fondos y las relaciones entre entidades gubernamentales y ONGs.

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