"Ley Papito Corazón",la cuenta sigue pendiente para miles de familias y la región de Antofagasta supera los $279 mil millones en deudas de alimentos

El balance de la Corte Suprema, correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2022 y noviembre de 2026, contabiliza 728.700 inscripciones ordenadas en el país. De ellas, 352.056 fueron canceladas, mientras otras 376.644 permanecen vigentes, con una deuda pendiente superior a los $54.833 millones. Mientras que a noviembre de 2025, la región contabilizaba 9.546 personas inscritas como deudoras, de las cuales 9.104 eran hombres.
Actualidad19/11/2026EditorEditor

A cuatro años de la entrada en vigencia de la denominada Ley Papito Corazón, la Región de Antofagasta continúa exhibiendo cifras preocupantes por el incumplimiento del pago de pensiones de alimentos. En noviembre de 2025, la zona registraba 9.546 personas inscritas como deudoras, de las cuales 9.104 eran hombres y 442 mujeres, acumulando obligaciones impagas por $279.171 millones, según antecedentes difundidos por Diario Sol a partir de cifras oficiales.

El panorama regional también muestra una importante actividad judicial en la aplicación de los mecanismos de cobro. De acuerdo con el balance del Poder Judicial, al 17 de noviembre de 2026 la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Antofagasta contabilizaba 12.335 inscripciones vigentes en el Registro Nacional de Deudores y órdenes de pago por aproximadamente $361.884 millones. Esta cifra corresponde a la jurisdicción judicial y no debe confundirse con el total administrativo de la Región de Antofagasta.

A nivel nacional, el balance presentado por la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, revela la dimensión económica alcanzada por esta legislación. Entre el 14 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los tribunales de familia ordenaron pagar $3.885.443 millones, equivalentes al 1,98% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. Los recursos fueron gestionados mediante dos mecanismos: retenciones de cuentas bancarias e instrumentos financieros, que representan $822.205 millones, y fondos de capitalización individual de las AFP, desde donde se ordenaron pagos por otros $3,063 billones.

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Sin embargo, las cifras también evidencian que el problema está lejos de resolverse. Durante estos cuatro años, los 141 tribunales con competencia en materia de familia ordenaron 728.700 inscripciones en el registro, de las cuales 352.056 fueron canceladas y otras 376.644 permanecían vigentes al cierre estadístico. Además, las causas que continúan activas acumulaban una deuda de $54.833 millones, según los antecedentes del Servicio de Registro Civil e Identificación incorporados al balance judicial.

La presidenta de la Corte Suprema valoró los resultados alcanzados, pero advirtió que la legislación todavía es insuficiente para garantizar plenamente el cumplimiento de estas obligaciones. «Si bien la ley va en el camino correcto, no es suficiente», sostuvo Chevesich, quien también cuestionó que no se hayan dispuesto los recursos necesarios para enfrentar la mayor carga de trabajo que significó su aplicación en los tribunales de familia.

La legislación contempla herramientas para perseguir las deudas mediante la retención de fondos disponibles en cuentas bancarias e instrumentos financieros y, cuando se cumplen las condiciones legales, mediante recursos previsionales administrados por las AFP. Estas medidas forman parte de la Ley 21.484, sobre Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, que complementó el Registro Nacional de Deudores creado por la Ley 21.389, vigente desde el 18 de noviembre de 2022.

A cuatro años de su implementación, los resultados nacionales muestran miles de obligaciones canceladas y billones de pesos cuyo pago ha sido ordenado judicialmente. No obstante, la persistencia de cientos de miles de inscripciones vigentes y las cifras regionales mantienen abierta una pregunta sobre el alcance efectivo de esta legislación: cuánto de lo ordenado llega finalmente a las familias y cuántas deudas continúan afectando a niños, niñas y adolescentes en la Región de Antofagasta. En el caso de Calama, todavía se requiere información comunal desagregada para establecer el impacto específico de estos mecanismos.

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