EditorLas próximas festividades religiosas de la provincia de El Loa comienzan a observar con atención la implementación del nuevo marco regulatorio para eventos masivos en Chile, luego de que la entrada en vigencia de la Ley N° 21.659 sobre Seguridad Privada estableciera nuevas exigencias para actividades con una asistencia superior a las 3.000 personas.
El tema ha cobrado fuerza tras la controversia generada en torno a la Fiesta de La Tirana, en la Región de Tarapacá, donde organizaciones religiosas manifestaron su preocupación por los costos y requisitos que implica la aplicación de la normativa, especialmente en materia de planes de seguridad, contratación de personal especializado y eventuales garantías financieras o seguros exigidos por la autoridad.
Ese escenario comienza a ser observado con atención en Calama, donde durante los próximos meses se desarrollarán dos de las celebraciones religiosas más multitudinarias del norte del país: la Fiesta de la Virgen de Urkupiña y, principalmente, la Fiesta de la Virgen de Guadalupe de Ayquina, patrona de la Diócesis de San Juan Bautista de Calama.
Cada año, miles de peregrinos, bailes religiosos y familias provenientes de distintos puntos de Chile y Bolivia llegan hasta el Santuario de Ayquina, ubicado a unos 75 kilómetros al noreste de Calama, para participar en una festividad que constituye una de las expresiones de fe y patrimonio cultural más importantes de la Región de Antofagasta.
¿Qué establece la nueva normativa?
La legislación considera como evento masivo aquellas actividades cuya concurrencia proyectada supera las 3.000 personas, aunque también permite que la autoridad califique como tales otros eventos cuando estime que presentan riesgos para la seguridad o el orden público.
Entre las principales obligaciones para los organizadores figuran la presentación anticipada de un plan integral de seguridad, la obtención de autorizaciones administrativas, la implementación de medidas de control acordes al nivel de riesgo determinado por la Delegación Presidencial y, en determinados casos, la constitución de garantías económicas o la contratación de seguros para responder ante eventuales incumplimientos o daños.
El objetivo de la normativa es fortalecer la seguridad de los asistentes y establecer estándares comunes para actividades de alta convocatoria.
Preocupación por el impacto económico
La posible aplicación de estas exigencias en celebraciones religiosas tradicionales ha generado inquietud en diversas comunidades del norte del país, debido al impacto económico que podrían representar para organizaciones que, en su mayoría, funcionan sin fines de lucro y dependen del trabajo voluntario de sus integrantes.
Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento específico respecto de la Fiesta de Ayquina o de la celebración de la Virgen de Urkupiña en Calama, la experiencia ocurrida con La Tirana abrió el debate sobre la forma en que esta normativa podría aplicarse a festividades religiosas de carácter patrimonial y con una alta convocatoria de peregrinos.
En ese contexto, dirigentes de bailes religiosos y organizaciones vinculadas a estas celebraciones esperan conocer con anticipación los criterios que utilizarán las autoridades para evaluar cada evento y determinar las medidas que deberán cumplir los organizadores.
Una tradición que reúne a miles de fieles
La Fiesta de la Virgen de Guadalupe de Ayquina constituye una de las manifestaciones religiosas más relevantes del norte de Chile y congrega cada año a miles de personas en el poblado andino, transformándose además en un importante impulso para la actividad económica y turística de la zona.
Con la entrada en vigencia del nuevo régimen para eventos masivos, el desafío será compatibilizar las mayores exigencias en materia de seguridad con la continuidad de una tradición centenaria que forma parte de la identidad cultural y religiosa de la provincia de El Loa.
