EditorEl Gobierno confirmó el hallazgo de un puente instalado de manera clandestina sobre la zanja fronteriza de Colchane, en la región de Tarapacá. La estructura fue detectada durante labores de vigilancia en la zona y, según las autoridades, habría sido utilizada para facilitar el tránsito irregular de personas, vehículos y mercancías entre Chile y Bolivia.
De acuerdo con los antecedentes entregados por las autoridades, la obra fue emplazada sobre la zanja construida como parte de las medidas de control fronterizo implementadas en el sector. El descubrimiento llamó la atención por el nivel de planificación requerido para su ejecución, ya que habría sido necesario el uso de maquinaria pesada para instalar la estructura.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, indicó que el hallazgo refleja la capacidad operativa de las organizaciones criminales que actúan en la macrozona norte. La autoridad sostuvo que estas redes cuentan con recursos, tecnología e información para intentar vulnerar los sistemas de control desplegados en la frontera.
Por su parte, el comisionado presidencial para la Macrozona Norte, Alberto Soto, explicó que el punto fue identificado por personal del Ejército a comienzos de la semana. Tras ello, el Ministerio de Obras Públicas fue informado para coordinar la intervención del lugar y proceder a la eliminación de la estructura.
Según señalaron las autoridades, este tipo de pasos informales puede ser utilizado para el traslado de vehículos robados hacia Bolivia, el ingreso irregular de migrantes y el movimiento de mercancías asociadas al contrabando. Debido a ello, se anunció un reforzamiento de las medidas de vigilancia mediante patrullajes permanentes, puestos avanzados de observación, sensores de alta resolución y sistemas de televigilancia remota.
El Gobierno informó que la demolición del puente se realizará una vez que exista disponibilidad de maquinaria para ejecutar los trabajos. Mientras tanto, el sector permanecerá bajo monitoreo constante por parte de las fuerzas desplegadas en la frontera.
El caso reabrió el debate sobre los desafíos de seguridad en la frontera norte y la capacidad de las organizaciones criminales para adaptar sus métodos frente a las barreras físicas y tecnológicas implementadas por el Estado para controlar los cruces irregulares.
