EditorUn duro golpe recibió el Hospital Carlos Cisternas de Calama luego que la Contraloría Regional de Antofagasta ordenara un reparo por $2.353.540.670 tras detectar pagos improcedentes realizados entre los años 2023 y 2025 a empresas contratadas para prestar servicios de seguridad, vigilancia, aseo y apoyo administrativo.
Los antecedentes fueron consignados en el Informe Final N° 673 de 2025, documento que revela una serie de irregularidades en procesos de contratación, ejecución de servicios y control financiero al interior del principal recinto hospitalario de la provincia de El Loa.
Según la investigación, el hospital efectuó pagos millonarios sin contar con documentación que permitiera acreditar de manera fehaciente la prestación de los servicios contratados.
Entre las observaciones más graves figuran desembolsos por $783.330.661 asociados a servicios de vigilancia y seguridad respecto de los cuales no existían antecedentes suficientes para demostrar su efectiva ejecución, tales como contratos, registros de turnos o asignación de personal.
A ello se suman pagos por $684.523.100 en servicios de aseo cuya realización tampoco pudo ser verificada por los fiscalizadores, además de otros $393.919.521 registrados bajo el concepto de “Gastos Generales”, cuyos respaldos no permitieron establecer la procedencia ni la razonabilidad de dichos desembolsos.
Asimismo, la auditoría identificó pagos duplicados y errores en procesos de validación financiera que derivaron en desembolsos en exceso por parte del establecimiento.
La Contraloría también constató que el Hospital de Calama celebró contratos mediante licitaciones públicas y tratos directos por montos que obligaban a someterse previamente al trámite de toma de razón, requisito legal que nunca fue cumplido.
Esta situación implicó que los convenios presentaran observaciones desde su origen, afectando la legalidad de los procedimientos administrativos utilizados para concretar las contrataciones.
El informe además detectó irregularidades en contratos adjudicados a otra empresa por un total de $558 millones, debido a la presentación de documentación inválida o adulterada para acreditar experiencia en licitaciones públicas.
La investigación también reveló que algunos contratos fueron adjudicados a empresas que no contaban con giros comerciales compatibles con los servicios contratados.
Uno de los hallazgos más sensibles apunta a la existencia de un eventual conflicto de interés, luego que se identificara una relación personal directa entre un funcionario del establecimiento y la representante legal de una de las empresas favorecidas con contratos.
Debido a la magnitud de las irregularidades detectadas, la Contraloría resolvió formular un reparo por $2.353.540.670, mecanismo destinado a recuperar recursos públicos que habrían sido pagados improcedentemente.
Junto con ello, el organismo instruyó la realización de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), entidades que deberán evaluar la existencia de posibles responsabilidades civiles o penales derivadas de los hechos observados.
El caso se transforma en una de las observaciones financieras más relevantes detectadas por la Contraloría en la Región de Antofagasta durante el último tiempo, involucrando recursos públicos destinados al funcionamiento de uno de los principales establecimientos de salud del norte del país.
