Fiscalía formaliza a estudiantes en Antofagasta y Calama por amenazas a establecimientos educacionales

Dos adolescentes fueron imputados por generar alertas de posibles ataques en colegios, mientras otros casos similares también son investigados en la región.
Actualidad16/04/2026EditorEditor

La Fiscalía Regional, a través de su Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, formalizó a estudiantes de Antofagasta y Calama por su presunta participación en hechos vinculados a amenazas contra establecimientos educacionales, situaciones que generaron alarma en las comunidades escolares.

Liceo-JAR
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En Antofagasta, un adolescente de 16 años fue formalizado por el delito de desórdenes públicos, luego de ser sindicado como el autor de un rayado en el baño de un colegio del sector norte, donde advertía la ocurrencia de un tiroteo. El mensaje, detectado por otros alumnos, provocó una fuerte alteración en el ambiente escolar, obligando al establecimiento a activar medidas preventivas ante la gravedad del anuncio.

Tras la audiencia, el imputado quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse al recinto educacional y sujeción a la vigilancia del Servicio de Reinserción Social Juvenil. El plazo de investigación fue fijado en 80 días.

En tanto, en Calama, la Fiscalía formalizó a un estudiante de 17 años por amenazas simples, luego de que presuntamente difundiera mensajes intimidatorios contra un establecimiento educacional a través de redes sociales. El hecho fue denunciado por la propia dirección del colegio.

Al igual que en el caso anterior, el adolescente quedó con la prohibición de acercarse al establecimiento afectado y bajo supervisión de una institución especializada, con un plazo de investigación de 60 días.

Desde el Ministerio Público indicaron que estos hechos se enmarcan en una serie de situaciones recientes en la región, recordando que el martes otros dos menores, de 14 y 16 años, también fueron formalizados por casos similares, quedando igualmente sujetos a medidas de vigilancia.

Las autoridades reiteraron el llamado a la responsabilidad, advirtiendo que este tipo de conductas tiene consecuencias legales y genera un impacto significativo en la seguridad y tranquilidad de las comunidades educativas.

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