EditorLas denuncias por irregularidades en la concesionaria de la doble vía Calama–Carmen Alto siguen sumando antecedentes. Uno de los testimonios más relevantes es el de Tomislav Defilippis, representante de una empresa local que participó en las obras y que hoy acusa haber sido víctima de un esquema de fraude que —asegura— no solo perjudicó a contratistas, sino también a toda la comunidad.
En conversación con Tiempo de Noticias, el empresario entregó detalles sobre el origen del conflicto, las acciones judiciales en curso y el impacto económico que enfrentan.
¿Cómo han vivido todo este proceso?
Gracias a ustedes por visibilizar esto. Ha sido un proceso muy complejo y desgastante. Llevamos más de un año y medio en gestiones con distintas instituciones como la Contraloría y la Fiscalía, tratando de que se investigue lo que ocurrió. Para nosotros, como empresa familiar con más de 15 años en la zona, esto ha sido un golpe muy duro, no solo en lo económico, sino también en lo humano. Tuvimos cerca de 200 trabajadores durante más de dos años, generando empleo local, y todo ese esfuerzo terminó afectado por una situación que consideramos derechamente una estafa. Y lo más grave es que no fuimos los únicos: esto impactó a varias empresas locales y regionales.
¿Cómo se inicia este problema y cuál fue su rol en la obra?
Esto se remonta a los años 2021 y 2022, cuando se nos contacta para participar en la construcción de la carretera. Nuestro trabajo comenzó con movimientos de tierra, que son la base de cualquier obra vial, pero con el tiempo fuimos asumiendo un rol mucho más integral. No solo ejecutábamos obras, sino que también suministrábamos áridos, agua y transporte.
En total desarrollamos nueve contratos hasta el año 2023. Era un proyecto muy relevante para Calama, muy esperado por la comunidad, por lo que como empresa local pusimos todos nuestros recursos y capacidades para cumplir. Sin embargo, con el tiempo fuimos detectando que había problemas estructurales en la forma en que estaba planificado y gestionado el proyecto, especialmente en relación a los costos, que finalmente terminaron siendo traspasados a nosotros.
¿Qué tipo de irregularidades comenzaron a detectar?
Principalmente inconsistencias entre lo que ejecutábamos y lo que se nos reconocía y pagaba. Mes a mes nuestras mediciones daban resultados superiores a los que la concesionaria validaba. Esto lo reclamamos reiteradamente, pero siempre la respuesta era la misma: que todo se ajustaría al final del contrato.
Eso generó un efecto muy grave, porque mientras seguíamos trabajando, el desfase económico iba creciendo. A eso se sumaban cláusulas contractuales muy desfavorables, como la retención del 10% de cada estado de pago. En nuestro caso, eso significó más de 1.200 millones de pesos retenidos, lo que afectó directamente nuestra liquidez y capacidad de operación.
¿En qué situación los dejaba eso como empresa?
Nos dejó en una situación muy compleja, prácticamente sin margen de maniobra. Estábamos obligados a seguir ejecutando las obras porque, de lo contrario, enfrentábamos multas contractuales. Pero al mismo tiempo, no recibíamos los pagos correspondientes por el trabajo ya realizado.
Eso nos llevó a recurrir a financiamiento externo, aumentar nuestras líneas de crédito y asumir niveles de endeudamiento muy altos para poder cumplir. En términos simples, estábamos atrapados en un sistema donde cumplir no garantizaba pago, y no cumplir significaba sanciones. Por eso hablamos de un esquema que fue creciendo mes a mes y que explica la magnitud del perjuicio.
¿Cuándo deciden llevar esto al ámbito judicial?
Inicialmente intentamos resolver las diferencias a través de la Cámara de Comercio, como lo establecen los contratos. Sin embargo, ahí nos encontramos con una gran dificultad: no se nos entregaba la información necesaria para contrastar los datos oficiales con nuestras mediciones.
Esa falta de transparencia fue clave para decidir avanzar por la vía judicial. Presentamos una querella criminal por estafa en el Tribunal Penal de Antofagasta y, paralelamente, una denuncia ante la Contraloría por un posible fraude al fisco, que apunta a irregularidades en la ejecución y cobro de obras.
Uno de los puntos más críticos es la nueva circunvalación de Calama. ¿Qué ocurrió ahí?
Ese es un caso emblemático. Se trataba de una obra contemplada en la concesión: aproximadamente 25 kilómetros de carretera más un puente de 300 metros. Nosotros alcanzamos a ejecutar cerca de 8 kilómetros, pero posteriormente la obra fue abandonada.
Lo que hemos podido recopilar indica que nunca existió una intención real de terminarla. Y eso tiene una explicación: era una obra que no generaba ingresos por peaje, ya que se entregaba al Estado. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, no resultaba atractiva para la concesionaria.
Esto es muy grave, porque implica que una obra pública relevante para la ciudad quedó inconclusa, y ahora surge la duda de quién va a asumir su costo en el futuro.
¿Esto podría tener impacto en lo que pagan los usuarios?
Sí, absolutamente. El sistema de concesiones funciona sobre la base de que la inversión se recupera mediante el cobro de peajes. Si las obras no están completamente ejecutadas, entonces no corresponde cobrar el total comprometido.
Según antecedentes que también han sido mencionados por autoridades como el senador Velásquez y los diputados Videla, Araya y Ossandon podría existir un sobrecobro de alrededor de 400 pesos por vehículo. Ese es un tema que deberá ser determinado por las investigaciones en curso, pero sin duda genera preocupación.
¿Cuál es el monto del perjuicio en su caso?
En el caso de nuestra empresa, estamos hablando de aproximadamente 5.600 millones de pesos en valores de 2023, solo considerando las obras ejecutadas. Eso no incluye reajustes, intereses ni otros costos asociados que deberán ser determinados por los tribunales.
Es importante entender que nuestro rol no era menor: participábamos en toda la cadena productiva de la obra. Por eso el impacto es tan alto.
¿Qué viene ahora en términos legales e institucionales?
Hoy tenemos dos frentes principales: la querella criminal por estafa y la investigación en Contraloría, donde se analiza un posible fraude al fisco que podría alcanzar cifras cercanas a los 160 mil millones de pesos.
Además, hay parlamentarios que están impulsando la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Creemos que es fundamental que esto se analice en profundidad, porque no se trata solo de un caso puntual, sino de posibles fallas en el sistema de concesiones.
Finalmente, ¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la ciudadanía?
Que esto no es solo un problema de empresas. Aquí hay un impacto directo en la ciudad, en la infraestructura y en la confianza en cómo se desarrollan las obras públicas.
Las concesiones pueden ser una buena herramienta, pero necesitan control, fiscalización y transparencia. Cuando eso falla, ocurren situaciones como esta, donde los perjudicados son las empresas locales, los trabajadores y, finalmente, toda la comunidad.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso “Rutas del Loa” se perfila como uno de los más relevantes en materia de concesiones en la región, con posibles implicancias que podrían extenderse más allá de Calama.
