EditorUna querella criminal por presuntos delitos de estafa, fraude al fisco y asociación ilícita puso en el centro del debate el funcionamiento de la concesionaria Rutas del Loa, encargada del proyecto Vías del Loa en la Región de Antofagasta.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, la empresa habría utilizado mecanismos irregulares para obtener beneficios económicos, los que actualmente estarían siendo trasladados a los usuarios mediante el cobro de peajes. Las estimaciones incluidas en la acción legal apuntan a un posible sobreprecio de hasta $400 por pasada.
Aumento de tarifas bajo cuestionamiento
Uno de los puntos centrales de la querella apunta a una supuesta manipulación de información presentada ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP), lo que habría derivado en un incremento del 2,5% en la tarifa base de los peajes.
Según se indica, este reajuste se habría conseguido mediante una “inducción a error” en los antecedentes técnicos y financieros del proyecto, impactando directamente a miles de conductores que transitan a diario por la zona.
Obras incompletas y extensión de cobros
El caso también incluye cuestionamientos a la ejecución de las obras comprometidas. Entre ellos, se menciona la exclusión de la Circunvalación Oriente de Calama, infraestructura que no se habría construido pese a formar parte del diseño original.
A esto se suma la solicitud de la concesionaria para extender el periodo de cobro de peajes, lo que, según la querella, permitiría mantener ingresos por décadas basados en costos que estarían inflados o en obras inconclusas.
Impacto económico y judicial
El perjuicio total estimado alcanzaría los $160.000 millones, considerando tanto el eventual daño al Estado como a los usuarios. Además, se señala que pequeñas empresas locales habrían resultado afectadas en el desarrollo del proyecto.
En este contexto, el senador Esteban Velásquez criticó duramente la situación, calificando el cobro actual como un “peaje de la infamia”, aunque el foco principal de la discusión se mantiene en el avance de la investigación judicial y en las responsabilidades que puedan establecerse.
Próximos pasos
La causa se encuentra ahora en manos de la justicia, que deberá determinar la veracidad de los antecedentes y eventuales sanciones. En paralelo, el caso abre un debate sobre los mecanismos de fiscalización de concesiones viales y la necesidad de revisar el marco regulatorio para evitar que eventuales irregularidades impacten directamente en los usuarios.
