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Con 122 votos a favor, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto que modifica la Ley 21.040, normativa que regula el Sistema de Educación Pública y el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La iniciativa ahora deberá ser revisada por el Tribunal Constitucional antes de su promulgación.
Durante la discusión, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó que el proyecto “responde a las necesidades urgentes manifestadas por las propias comunidades educativas a lo largo del país” y subrayó que el texto es resultado del trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso. Asimismo, sostuvo que la reforma incorpora “soluciones concretas, articuladas y de carácter urgente que consolidan una reforma cuyo propósito es romper la cadena de fallas sistémicas que hemos observado”.
Entre las principales modificaciones, la iniciativa fortalece el proceso de traspaso de establecimientos desde los municipios hacia los SLEP, estableciendo la obligatoriedad de planes de transición, nuevos plazos y sanciones para procesos críticos. Además, amplía el periodo de instalación de los servicios locales de uno a dos años, con el objetivo de permitir una implementación más ordenada y acorde a las realidades territoriales.
El proyecto también simplifica trámites administrativos para agilizar la gestión pedagógica y establece la creación obligatoria de oficinas locales en territorios con dificultades de conectividad o grandes distancias, con el fin de mejorar la presencia del sistema en las comunidades educativas.
En materia de prevención de crisis, la normativa amplía responsabilidades de los directores ejecutivos de los SLEP y otorga nuevas atribuciones a la Dirección de Educación Pública para anticipar riesgos y asegurar la continuidad del servicio educativo. Asimismo, refuerza el rol de los Consejos Locales para promover mayor participación y vinculación con las comunidades.
En el ámbito financiero, la reforma incorpora un nuevo modelo de financiamiento para jardines infantiles Vía Transferencia de Fondos (VTF), que comenzará a aplicarse gradualmente desde 2028, además de crear un Fondo de Infraestructura para la Educación Pública con recursos incrementales hasta 2030.
Uno de los puntos más destacados es la titularidad docente, que pasará a ser una norma permanente. Cataldo afirmó que “hoy día nos dotamos de una ley permanente (…) vamos a contar con una herramienta clara, precisa y cierta para poder abordar esto”, medida que busca entregar estabilidad laboral a profesores con trayectoria prolongada dentro del sistema.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo apunta a consolidar un modelo educativo público más articulado, con mejores herramientas de gestión, financiamiento y participación territorial, en el marco del proceso de implementación de la Nueva Educación Pública en el país.
