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Este 31 de enero finaliza el plazo legal para que todas las empresas con 100 o más trabajadores acrediten ante la Dirección del Trabajo el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral (Ley N°21.015), normativa vigente desde 2018 que busca promover la integración laboral de personas con discapacidad.
La ley establece una cuota obligatoria del 1% de trabajadores con discapacidad en la dotación total. No obstante, reconoce la existencia de razones fundadas que pueden impedir el cumplimiento directo, tales como la naturaleza de las funciones, la inexistencia de cupos adecuados o la falta de postulantes que cumplan los requisitos del cargo.
En esos casos, la normativa permite medidas alternativas, entre ellas la donación de recursos equivalentes a 24 ingresos mínimos mensuales por cada cupo no cubierto, destinados a organizaciones que desarrollen programas de capacitación, rehabilitación y fomento del empleo para personas con discapacidad. Estas donaciones pueden acceder a los beneficios tributarios establecidos en la Ley N°19.885 sobre Donaciones con Fines Sociales.
Dentro de las entidades habilitadas para recibir estos aportes se encuentra la Fundación Coanil, que canaliza recursos hacia iniciativas de intermediación e inclusión laboral, orientadas principalmente a personas con discapacidad intelectual, generando impactos directos en los beneficiarios e indirectos en sus entornos familiares.
Desde el ámbito institucional se ha reiterado el llamado a cumplir oportunamente con la obligación legal, recordando que el proceso debe realizarse de forma electrónica y dentro del plazo establecido. El cumplimiento no solo evita sanciones, sino que también contribuye a fortalecer políticas de inclusión y responsabilidad social en el mundo laboral.
