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La Contraloría General de la República deberá realizar una revisión exhaustiva del proceso de licitación del proyecto BIP 40073381-0, que considera la adquisición, instalación y puesta en marcha de un sistema de cámaras de televigilancia con analítica de video e inteligencia artificial en las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla.
La iniciativa, financiada con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), supera los $17.300 millones y contempla tecnología avanzada, lo que ha generado cuestionamientos respecto de la legalidad del proceso, la proporcionalidad de sus exigencias y la sostenibilidad del sistema en el tiempo.
Entre los puntos que se solicitaron revisar se encuentran la legalidad de las bases de licitación, el respeto a la libre concurrencia de oferentes y la razonabilidad del presupuesto en relación con su respaldo técnico. Asimismo, se planteó la necesidad de analizar los costos futuros asociados a licencias, soporte, almacenamiento y mantención, junto con los resguardos en materia de datos, ciberseguridad y uso de inteligencia artificial.
Otro de los elementos considerados es el momento en que se impulsa el proceso, dado que el actual período del Gobierno Regional finaliza en marzo de 2026, lo que refuerza la necesidad de aplicar controles preventivos reforzados para resguardar el interés público y la correcta utilización de recursos regionales de gran escala.
El proyecto de televigilancia ya ha iniciado etapas de implementación y puesta en funcionamiento en distintos puntos de la región. En ese contexto, el diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro, una de las autoridades que manifestó preocupación por el alcance de la iniciativa y que solicitó la acción de la Contraloría, señaló que “dado el monto involucrado, es necesario analizar con detención si el procedimiento seguido corresponde o no, para asegurar que se evalúe correctamente una licitación de esta magnitud”.
Finalmente, se espera que la Contraloría informe el curso dado a esta presentación y, en lo posible, entregue conclusiones o recomendaciones que permitan resguardar el interés público y asegurar una adecuada administración de los recursos regionales destinados a seguridad.
