EditorDurante su exposición, el persecutor también describió distintos niveles de riesgo asociados a la captura del Estado.
El fenómeno puede comenzar con prácticas aparentemente menores —como favores o conductas que terminan normalizando la ilegalidad— y escalar hacia formas más graves de corrupción, en las que agentes legítimos son sobornados para modificar reglas o decisiones en beneficio económico de organizaciones criminales.
“En un nivel superior, la captura puede involucrar intimidación y coacción, con objetivos que trascienden lo estrictamente penal y buscan afectar el ámbito político y social, llegando incluso a comprometer instituciones encargadas de la persecución y administración de justicia”, sostuvo.
No obstante, Castro Bekios enfatizó que Chile aún no alcanza los niveles de infiltración institucional observados en otros países.
“No hemos llegado afortunadamente a esos niveles de infiltración como ha ocurrido en otros países”, afirmó.
Corredor Bioceánico: una nueva zona de riesgo
Otro de los puntos abordados fue el escenario que podría generar la consolidación del Corredor Bioceánico Capricornio, considerando el aumento proyectado en el flujo de mercancías y personas entre los países que integran esta ruta.
El Fiscal Regional advirtió que la infraestructura física está avanzando a un ritmo mayor que la arquitectura de seguridad necesaria para enfrentar los riesgos asociados a este nuevo escenario.
Entre los puntos críticos identificó el tránsito terrestre por el corredor interior, las operaciones marítimas y portuarias y la acción de organizaciones criminales transnacionales, con especial atención en los pasos fronterizos Jama y Sico, además de los puertos de Antofagasta y Mejillones.
“Frente a esta evolución, la estrategia de persecución debe superar la lógica de simplemente interceptar cargamentos y detener personas. Debemos avanzar ‘del muro al rastreo’, pasando de la contención fronteriza al análisis de las redes, la inteligencia financiera, la persecución patrimonial y la trazabilidad de los flujos lícitos e ilícitos”, sostuvo.
Para Castro Bekios, el desafío no se limita a impedir el ingreso de organizaciones criminales al territorio, sino también a evitar que estas puedan utilizar las estructuras económicas, institucionales y logísticas existentes para instalarse y consolidarse en la región.
“Tenemos que garantizar la seguridad de la cadena logística minero portuaria, que es fundamental para el desarrollo del país, para eso necesitamos los recursos”, planteó.
Finalmente, el Fiscal Regional fue categórico respecto de la importancia estratégica de la Región de Antofagasta frente a este escenario: “Antofagasta debería ser la prioridad”, afirmó, apuntando a la necesidad de fortalecer los recursos destinados a enfrentar el crimen organizado y proteger una zona considerada estratégica para la economía y la logística del país.
