Las autoridades del Minvu y Serviu en Antofagasta respondieron a los cuestionamientos del diputado Jaime Araya, señalando que no existen denuncias formales sobre irregularidades en la entrega de subsidios habitacionales y llamando al parlamentario a entregar antecedentes concretos para iniciar los procedimientos correspondientes.
Actualidad27/08/2025
Editor
La Secretaría Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y el director regional del SERVIU Antofagasta emitieron una declaración pública, dirigida al diputado Jaime Araya, exigiendo un manejo responsable de la información. El requerimiento surge luego de que el parlamentario señalara, en base a un audio difundido (de una persona no identificada), que se estaría permitiendo que beneficiarios de viviendas sociales en Antofagasta que residen en el extranjero envíen poderes notariales desde el exterior para suscribir escrituras. Araya planteó que esto favorece a quienes no viven en el país, mientras muchas familias locales siguen en espera.
La Seremi y el director del SERVIU respondieron que a la fecha no se ha recibido ninguna denuncia formal que identifique a funcionarios responsables o señale irregularidades concretas. En consecuencia, invitan al diputado a presentar los antecedentes correspondientes para activar los procedimientos administrativos internos.
En su declaración, las autoridades subrayan que esas afirmaciones son de suma gravedad, al implicar la presunta comisión de delitos como desvío de recursos públicos y posible red de corrupción al interior del SERVIU, además de sugerir un trato desigual que vulnera los procedimientos legales establecidos.
Asimismo, convocan a la ciudadanía a recabar información exclusivamente a través de canales oficiales del MINVU, y a presentar denuncias ante las instancias competentes si existen hechos que pudieran constituir delitos, ya sean administrativos, civiles o penales.
Iniciativas impulsadas por el gobernador regional buscan mejorar el acceso a tratamientos de salud en la red pública.
La medida incluye la suspensión del cargo mientras se desarrolla la investigación y busca asegurar la continuidad del servicio educacional en las comunas de la provincia.
Autoridades revisaron el estado del Embalse Conchi y las obras de encauzamiento que se ejecutan en Calama y San Pedro de Atacama para prevenir riesgos asociados al invierno altiplánico.
El proceso registra un 50% de avance, con alta participación de empresas interesadas y más de 700 consultas recibidas, en una iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública mediante televigilancia de última generación.
La aprobación del artículo 121 abre la puerta a un nuevo tribunal en la comuna, una medida largamente esperada que busca mejorar los tiempos de respuesta y el acceso a la justicia para la comunidad.
Proyecto de más de $17.300 millones financiado con recursos FNDR será sometido a un examen de legalidad y control preventivo por su magnitud, complejidad tecnológica y eventuales costos futuros para la región.
El evento, que buscó democratizar y descentralizar el conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología y su impacto en la sociedad y el desarrollo, contó nuevamente con el apoyo de Codelco en el marco de su compromiso con la sustentabilidad y la innovación.
La llamada Ley Jacinta incorporará una declaración jurada de salud obligatoria y endurecerá las sanciones para quienes entreguen información falsa al momento de solicitar el documento.
Este sábado, desde las 17:00 horas, Calama vivirá una histórica jornada deportiva con la inauguración oficial del nuevo recinto, que contará con un partido de leyendas, la presentación del plantel 2026 de Cobreloa y diversas actividades abiertas a la comunidad.
El evento, que buscó democratizar y descentralizar el conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología y su impacto en la sociedad y el desarrollo, contó nuevamente con el apoyo de Codelco en el marco de su compromiso con la sustentabilidad y la innovación.
La aprobación del artículo 121 abre la puerta a un nuevo tribunal en la comuna, una medida largamente esperada que busca mejorar los tiempos de respuesta y el acceso a la justicia para la comunidad.
El proceso registra un 50% de avance, con alta participación de empresas interesadas y más de 700 consultas recibidas, en una iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública mediante televigilancia de última generación.
Iniciativas impulsadas por el gobernador regional buscan mejorar el acceso a tratamientos de salud en la red pública.