EditorMovimientos sociales, organizaciones ambientales, gremios y agrupaciones ciudadanas de Calama y otras comunas de la Región de Antofagasta cuestionaron la respuesta de la autoridad ambiental frente a la contaminación y exigieron medidas que aborden sus causas. En una declaración pública titulada “Ya basta de burlarse de Calama y de la Región de Antofagasta”, los firmantes sostienen que las acciones implementadas hasta ahora no resuelven el problema de fondo y reclaman la identificación y remediación de las fuentes contaminantes.
El documento apunta a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente y cuestiona que la reducción de las concentraciones de material particulado MP10 sea suficiente para descartar riesgos asociados a la contaminación. “No basta con medir la calidad del aire; esas mediciones no nos dicen qué metales tóxicos como cobre, arsénico, plomo y molibdeno se están acumulando e ingresando a las aulas y a los hogares de nuestras familias”, señala la declaración.
Uno de los principales antecedentes que respaldan la preocupación por la contaminación en espacios educativos es una investigación publicada en la revista científica Environment International, desarrollada por investigadores de las universidades de Chile, Heidelberg, Tarapacá y del Desarrollo. El estudio examinó polvo acumulado dentro y fuera de 38 establecimientos educacionales de Calama y detectó concentraciones de cobre, arsénico, plomo y molibdeno de hasta diez veces los niveles de referencia utilizados para la zona.
Frente a estos resultados, la Seremi del Medio Ambiente precisó que las muestras fueron recolectadas entre el 7 y el 14 de enero de 2023, antes de la implementación de las medidas provisionales y complementarias dispuestas mediante la Resolución Exenta N.º 204/2024. La autoridad indicó que ha mantenido el seguimiento de las concentraciones de MP10 desde la aplicación de esas medidas. Esta diferencia de fechas es parte del debate, ya que los resultados del estudio corresponden a muestras anteriores a las acciones mencionadas por la institución.
Las organizaciones también invocan el Informe Final N.º 528 de la Contraloría General de la República, fechado el 5 de octubre de 2026, que examinó la implementación de medidas ambientales por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente y la Seremi del Medio Ambiente entre marzo de 2024 y marzo de 2026. Entre las observaciones difundidas sobre la auditoría figuran deficiencias en la fiscalización, retrasos en medidas para reducir el polvo y la falta de un Plan de Descontaminación Atmosférica vigente para Calama.
En el ámbito judicial, el Primer Tribunal Ambiental solicitó a Contraloría remitir el informe para incorporarlo a los antecedentes de la causa Rol D-35-2025, correspondiente a una demanda de reparación por daño ambiental presentada contra el Fisco de Chile por organizaciones vinculadas a la defensa del río Loa. La solicitud, formalizada mediante el Oficio N.º 166/2026, busca disponer de antecedentes sobre la implementación de las medidas ambientales. Se trata de una diligencia dentro de un proceso en curso y no de una sentencia que establezca responsabilidades.
En su declaración, los firmantes sostienen que acciones como el lavado de calles, la estabilización de caminos y el cambio de filtros pueden ayudar, pero no reemplazan la identificación y remediación de las fuentes y depósitos contaminantes. Por ello, plantean que la evaluación ambiental debe considerar los impactos acumulativos, el polvo depositado y la exposición en espacios interiores, además de las mediciones habituales de calidad del aire.
El pronunciamiento también advierte sobre la situación de Chiu Chiu, comunidad que las organizaciones incorporan a sus cuestionamientos ambientales. “Ya no solo es Calama zona saturada, ahora también es Chiu Chiu”, sostienen. Finalmente, anuncian que recurrirán a mecanismos de exigibilidad y que buscarán alertar a compradores internacionales y actores financieros sobre la trazabilidad del cobre y los estándares de debida diligencia ambiental y de derechos humanos. La declaración está suscrita por agrupaciones sociales, ambientales, indígenas, vecinales, sindicales y de mujeres de Calama y otras comunas de la región.
