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Antofagasta, 7 de abril de 2025.– Un trabajo conjunto entre el Ministerio Público, las policías y diversas autoridades regionales permitió una baja significativa en los homicidios registrados en la región de Antofagasta durante 2024. Así lo reveló el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, dado a conocer esta mañana por el Seremi (I) de Seguridad Pública, Ignacio Rivera Muñoz, en una reunión con representantes de Carabineros, la PDI, la Armada, Gendarmería, Fiscalía y otras entidades públicas.
Según el informe, la región cerró el año con 50 homicidios, una disminución del 15,7% respecto a los 59 casos de 2023, cifra que supera con creces la baja nacional promedio del 4,8%. “Hoy, 7 de cada 100 mil habitantes fueron víctimas de homicidio, versus 8,4 en 2023”, señaló el Seremi Rivera, destacando también un leve descenso en los casos asociados al crimen organizado, que pasaron del 45% en 2023 al 44% en 2024.
Crimen organizado y resolución de casos
El análisis indica que el 44% de los homicidios registrados estuvo vinculado a delitos cometidos por bandas criminales, mientras que un 32% correspondió a conflictos interpersonales. El resto se distribuye en otras circunstancias. Rivera subrayó que más del 20% de los casos ya se encuentran resueltos, lo que refleja el esfuerzo sostenido de las instituciones involucradas. “Las policías y el Ministerio Público han redoblado sus acciones, con más recursos y trabajo de inteligencia”, afirmó.
Rol del Ministerio Público
Desde la Fiscalía, el Fiscal Regional subrogante, Eduardo Peña, valoró los resultados del trabajo interinstitucional, destacando que en el 70% de los casos se ha logrado identificar al autor. Resaltó la efectividad del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), con presencia en Antofagasta y Calama. “No podemos decir que el problema está resuelto, pero los números muestran que vamos por buen camino”, expresó.
Peña agregó que “la persecución penal debe ser inteligente frente a organizaciones criminales con gran capacidad operativa. Hemos implementado estrategias que están funcionando, con una reacción más rápida en los sitios del suceso y mejor coordinación con las policías”.
Violencia de género: una prioridad
La Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Hanna Goldener, abordó el tema de los femicidios, recordando que en 2024 se registraron dos casos en la región. Destacó los avances legislativos, como la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, y el trabajo del Circuito Interseccional de Femicidios, que ha permitido mejorar la atención a las víctimas y la recopilación de datos más representativos.
“Hoy contamos con un marco normativo más robusto y una mayor articulación entre instituciones, lo que permite enfrentar con más herramientas este problema estructural”, sostuvo.
Labor policial y control de armas
El General Cristian Montre Soto, jefe de Zona de Carabineros, indicó que el plan Calles sin Violencia, implementado desde 2022, ha dado resultados concretos. “Logramos reducir en un 14% los delitos violentos en 2024. Hemos fortalecido el control y decomiso de armas, el contrabando y el combate al crimen organizado”, aseguró.
Por su parte, el jefe regional de la PDI, Jorge Aguillón Vidal, destacó el trabajo sistemático de las brigadas de homicidios y la coordinación constante con el Ministerio Público. “Analizamos todos los lunes cada caso en el Comité Policial, definiendo acciones específicas. La tendencia a la baja es evidente”, explicó.
En 2024, Carabineros y la PDI retiraron 564 armas de circulación en la región. De estas, 229 fueron gestionadas por Carabineros y 335 por la PDI, incluyendo armas de fuego, réplicas, fogueo, hechizas y municiones.
Perfil de las víctimas y lugares del crimen
El informe revela que el 62% de las víctimas tenía entre 18 y 39 años, siendo el 90% hombres. El 44% de los homicidios fue perpetrado con arma de fuego, seguido por armas cortopunzantes y otros mecanismos (26% cada uno). Un 50% de las víctimas eran chilenas y un *ñ48% extranjeras. En cuanto al lugar del crimen, el 58% ocurrió en la vía pública y el 26% en domicilios particulares.
Además, el informe indica que el 38% de las víctimas tenía condenas penales previas, mientras que el 58% no registraba antecedentes.
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