
GORE aprueba financiamiento para reducir listas de espera en obesidad y ortodoncia en la Región de Antofagasta
Iniciativas impulsadas por el gobernador regional buscan mejorar el acceso a tratamientos de salud en la red pública.
Visita que se enmarca en el programa anual de itinerancia y que también contempla la comuna de San Pedro de Atacama.
Actualidad01/10/2024
Marcelo Barrera
El juez de Familia de Calama, Armando Puelles Rojas, junto al administrador del tribunal, Roberto Strahsburger Figueroa, realizaron una nueva jornada itinerante en la localidad de Ollagüe, visita que se enmarca en el programa anual de itinerancia y que también contempla la comuna de San Pedro de Atacama.
En la oportunidad, el magistrado Puelles junto al administrador del tribunal, realizaron atención de público durante la mañana, atendiendo las diferentes consultas de la comunidad respecto a causas del tribunal, trámites a realizar en materia de cobros de pensión de alimentos, divorcios y otros temas vinculados a la materia.
“Desde el 2023 se retomaron estas visitas -interrumpidas por la pandemia- lo que ha generado una mayor presencia e interés en la comunidad para realizar consultas, no solo en materia de familia, sino también en otras materias legales, generando un impacto positivo en la percepción del quehacer judicial, evidenciándose la necesidad de mantener una mayor presencia territorial como institución en estas localidades apartadas de los grandes centros urbanos”, detalló el magistrado Puelles.
En esta visita del mes de septiembre, se reunieron con autoridades comunales, Carabineros y personal de la Policía de Investigaciones, con quienes abordaron diversas situaciones que se han dado en la localidad referida a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
El tribunal tiene programadas las próximas itinerancias para los días 24 y 29 de octubre en Ollagüe y San Pedro de Atacama, respectivamente.

Iniciativas impulsadas por el gobernador regional buscan mejorar el acceso a tratamientos de salud en la red pública.

La medida incluye la suspensión del cargo mientras se desarrolla la investigación y busca asegurar la continuidad del servicio educacional en las comunas de la provincia.

Autoridades revisaron el estado del Embalse Conchi y las obras de encauzamiento que se ejecutan en Calama y San Pedro de Atacama para prevenir riesgos asociados al invierno altiplánico.

El proceso registra un 50% de avance, con alta participación de empresas interesadas y más de 700 consultas recibidas, en una iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública mediante televigilancia de última generación.

La aprobación del artículo 121 abre la puerta a un nuevo tribunal en la comuna, una medida largamente esperada que busca mejorar los tiempos de respuesta y el acceso a la justicia para la comunidad.

Proyecto de más de $17.300 millones financiado con recursos FNDR será sometido a un examen de legalidad y control preventivo por su magnitud, complejidad tecnológica y eventuales costos futuros para la región.

El evento, que buscó democratizar y descentralizar el conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología y su impacto en la sociedad y el desarrollo, contó nuevamente con el apoyo de Codelco en el marco de su compromiso con la sustentabilidad y la innovación.

La llamada Ley Jacinta incorporará una declaración jurada de salud obligatoria y endurecerá las sanciones para quienes entreguen información falsa al momento de solicitar el documento.

Este sábado, desde las 17:00 horas, Calama vivirá una histórica jornada deportiva con la inauguración oficial del nuevo recinto, que contará con un partido de leyendas, la presentación del plantel 2026 de Cobreloa y diversas actividades abiertas a la comunidad.

Autoridades revisaron el estado del Embalse Conchi y las obras de encauzamiento que se ejecutan en Calama y San Pedro de Atacama para prevenir riesgos asociados al invierno altiplánico.

El proceso registra un 50% de avance, con alta participación de empresas interesadas y más de 700 consultas recibidas, en una iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública mediante televigilancia de última generación.

La medida incluye la suspensión del cargo mientras se desarrolla la investigación y busca asegurar la continuidad del servicio educacional en las comunas de la provincia.

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