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En prisión preventiva quedaron seis imputados, chilenos y bolivianos, detenidos por Carabineros de San Pedro de Atacama minutos después de haber internado al país, por un paso no habilitado, 1.253.000 cajetillas de cigarrillos al interior de dos camiones de alto tonelaje.
Los detenidos fueron formalizados por la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, FACC, por el delito de contrabando aduanero, asociación criminal y uno de ellos, además, por el delito de cohecho, pues al ser descubiertos, ofreció a los funcionarios policiales $2 millones a cambio de permitirles continuar su viaje, situación que fue denunciada por los uniformados.
Según se conoció en audiencia de formalización, los imputados movilizaban la carga a bordo de dos tracto camiones con sus respectivos remolques, los cuales eran precedidos por un furgón con cuatro ocupantes en su interior, quienes cumplían funciones de vigilancia y apoyo para la carga y descarga de la mercadería.
Fue precisamente este vehículo menor el primero en ser fiscalizado por Carabineros en el kilómetro 7 de la Ruta 23, cerca de Hito Cajón, momento en el cual uno de sus ocupantes ofreció a los funcionarios policiales dinero en efectivo a cambio de no continuar con el control y omitir la fiscalización de dos camiones que circulaban por dicho sector.
Mientras esto ocurría, a corta distancia en la misma ruta funcionarios policiales procedían a la detención del primero de los camiones y minutos después se concretó la detención de la segunda máquina pesada.
Durante el procedimiento se incautaron en total 1.253.000 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas, avaluadas en $2.768 millones, además de radiotransmisores, celulares y $8.470.070 en dinero en efectivo, entre otros elementos de interés.
Cabe señalar que los imputados habían creado un grupo de WhatsApp para coordinar la entrada y traslado de la mercadería, que tenía como destino final la zona central del país.
Tras ser formalizados, los detenidos quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga, y se dispuso un plazo de investigación de 120 días.
Sobre el procedimiento, el Fiscal Regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó que el contrabando de cigarrillos en grandes cantidades es un delito que va en alza en nuestra región y que el Ministerio Público está abordando como parte de su nueva política de persecución penal criminal, no sólo por el perjuicio que provoca al erario nacional, sino que también porque detrás se esconden organizaciones vinculadas al crimen organizado.
“Las ganancias que se obtienen de este tipo de delitos son muy importantes y dan cuenta de un nivel de organización y preparación propia de las estructuras criminales más complejas, las cuales no sólo cometen este delito, sino que podrían estar vinculadas a otros delitos incluso de mayor gravedad. Por eso, como Fiscalía vamos a recurrir a todas las herramientas que nos provee la ley para lograr las medidas cautelares más severas y finalmente las condenas más altas para quienes participen de este delito, sea como autores, cómplices o encubridores”, señaló el persecutor.
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