EditorLa intención de algunos parlamentarios bolivianos de impulsar una ley para regularizar los denominados autos "chutos", entre los que se encuentran vehículos robados en Chile e ingresados ilegalmente a Bolivia, generó un amplio rechazo entre representantes de la Región de Antofagasta. El senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez, y el diputado independiente Sebastián Videla manifestaron su preocupación por las consecuencias que una medida de este tipo podría tener para la seguridad fronteriza y el combate contra el crimen organizado.
La propuesta, presentada en Bolivia para permitir una regularización extraordinaria de vehículos indocumentados, abrió un nuevo debate respecto al tráfico internacional de automóviles robados, fenómeno que afecta especialmente al norte de Chile debido a la cercanía con los pasos fronterizos.
El senador Esteban Velásquez cuestionó duramente la iniciativa, asegurando que este tipo de propuestas contradicen los esfuerzos que realizan los países de la región para enfrentar el crimen organizado.
"A mí me parece que eso no solo es populismo de aquellos parlamentarios bolivianos que presentan esas iniciativas, sino que me parece que es de una irresponsabilidad cuando lo que se está buscando justamente a nivel de países es enfrentar al crimen organizado, y eso habla muy mal de aquellos parlamentarios", señaló.
El parlamentario sostuvo además que este tipo de proyectos pueden transformarse en un incentivo para las organizaciones criminales dedicadas al robo de vehículos.
"Lamentablemente escuchamos también esto de un país vecino que puede traernos consecuencias bastante negativas, porque son incentivos para el crimen organizado, sabiendo que si llegan estos vehículos a Bolivia podrían ser legalizados. Eso no lo comparto en absoluto", afirmó.
Velásquez agregó que resulta contradictorio promover una legislación que podría facilitar la regularización de vehículos de origen ilícito cuando existe un esfuerzo conjunto entre distintos países para combatir las redes delictuales transnacionales.
Por su parte, el diputado Sebastián Videla informó que continuará impulsando acciones para evitar que prospere cualquier iniciativa que favorezca la legalización de vehículos robados.
El parlamentario confirmó que la próxima semana sostendrá una reunión con el Gobierno de Chile para analizar esta situación y, posteriormente, viajará a Bolivia con el objetivo de reunirse con el diputado que promovió el proyecto.
"Seguiremos trabajando con fuerza y responsabilidad para defender la legalidad, la seguridad y el interés de nuestro país", sostuvo Videla.
El diputado explicó además que continuará promoviendo coordinaciones diplomáticas y legislativas entre ambos países para impedir que los automóviles sustraídos en Chile encuentren mecanismos de regularización una vez cruzada la frontera.
En medio de la polémica, el propio debate en Bolivia comenzó a cambiar de escenario luego de que un diputado boliviano decidiera paralizar el proyecto que buscaba permitir la legalización de los llamados autos "chutos", tras las críticas surgidas tanto en ese país como en Chile.
La iniciativa había generado preocupación entre autoridades chilenas por el eventual impacto que tendría sobre el robo de vehículos y las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de automóviles.
El robo de vehículos con destino a Bolivia constituye uno de los delitos que durante los últimos años ha concentrado importantes investigaciones de Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, especialmente en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y Arica y Parinacota.
Las autoridades chilenas han advertido reiteradamente que parte importante de estos vehículos son trasladados clandestinamente a través de pasos fronterizos no habilitados, donde posteriormente son comercializados o utilizados fuera del país.
En ese contexto, las declaraciones de los parlamentarios de Antofagasta apuntan a que cualquier mecanismo de regularización podría transformarse en un incentivo para el robo de vehículos y debilitar los esfuerzos de cooperación internacional destinados a combatir el crimen organizado y el tráfico transfronterizo de automóviles.
