EditorEl Juzgado de Garantía de Antofagasta resolvió este martes 26 de mayo declararse incompetente para continuar con la investigación por presuntos delitos de apropiación indebida en el denominado caso Procultura, causa que involucra convenios suscritos con el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
La decisión fue adoptada durante la audiencia de formalización de la investigación de la causa RIT 11.082-2023, instancia en la que la magistrada María José Saavedra Cárdenas acogió la incidencia presentada por las defensas de los imputados Alberto Larraín Salas y María Constanza Gómez Cruz.
Con ello, el tribunal ordenó remitir todos los antecedentes al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, estimando que corresponde a dicho tribunal continuar con la tramitación del proceso.
En su resolución, la jueza explicó que, de acuerdo con el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, la competencia debe recaer en el lugar donde comenzó la ejecución del delito investigado.
“Según el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, el tribunal competente es aquel donde se dio principio de ejecución al delito. En el caso de la distracción de fondos, este principio se ubica en el momento del desvío de los recursos de manera incompatible con el fin acordado, no en la mera omisión de restituirlos”, sostuvo la magistrada.
La jueza agregó que, según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público durante la formalización, los presuntos desvíos de recursos se habrían concretado mediante operaciones bancarias realizadas desde cuentas radicadas y administradas en la comuna de Las Condes.
“Los hechos de la formalización muestran que los desvíos ocurrieron mediante gestiones bancarias en cuentas radicadas y administradas en la comuna de Las Condes”, señala la resolución.
Asimismo, la magistrada precisó que la firma de los convenios y la recepción de fondos no constituyen el inicio de ejecución del eventual delito investigado.
“Ni la suscripción lícita de convenios ni la recepción de fondos constituyen el principio de ejecución del delito. La ejecución se vincula al acto de disposición incompatible con el mandato fiduciario, el cual ocurrió íntegramente en la Región Metropolitana”, añade el fallo.
Tras analizar los antecedentes, el tribunal resolvió:
La decisión implica que la investigación de esta arista del caso Procultura dejará de tramitarse en Antofagasta y pasará a manos de la justicia capitalina, donde —según determinó el tribunal— se habrían ejecutado los hechos centrales que sustentan la indagatoria del Ministerio Público.
