EditorLa polémica por la sobreestimación de cifras de producción en la estatal Codelco continúa generando repercusiones políticas y económicas. Durante los últimos días, parlamentarios de distintos sectores y autoridades de Gobierno exigieron reforzar los mecanismos de control interno de la minera, luego de conocerse irregularidades detectadas en los reportes productivos correspondientes al año 2025.
La controversia se originó tras una auditoría interna que detectó inconsistencias en la contabilización de cerca de 26.875 toneladas métricas de cobre fino, equivalentes aproximadamente al 2% de la producción propia informada por la cuprífera estatal durante 2025. Según los antecedentes revelados, parte del material contabilizado correspondía a minerales no procesados provenientes de las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales.
A raíz de estos hallazgos, la empresa desvinculó a un alto ejecutivo y adoptó medidas disciplinarias contra otros funcionarios involucrados. Además, el directorio decidió presentar antecedentes ante el Ministerio Público para determinar si existieron eventuales delitos asociados a la manipulación de información.
El caso tomó rápidamente fuerza en el Congreso. Diputados de oposición solicitaron formalmente a la Contraloría General de la República que investigue posibles irregularidades en las cifras reportadas por la minera estatal y revise eventuales fallas en los mecanismos de fiscalización.
Las críticas también surgieron desde el oficialismo y el Ejecutivo. El ministro de Economía y Minería calificó la situación como “inaceptable” y aseguró que el Gobierno espera total transparencia en el esclarecimiento de los hechos. Parlamentarios, en tanto, advirtieron que este episodio afecta la credibilidad de una de las principales empresas estratégicas del país.
Otro de los aspectos que aumentó la tensión interna en la compañía fue el impacto económico derivado de la sobreestimación productiva. De acuerdo con los antecedentes difundidos, más de seis mil trabajadores deberán devolver bonos asociados al cumplimiento de metas, los que alcanzarían un monto cercano a los US$14,3 millones.
La situación genera especial atención en el norte del país y particularmente en la Región de Antofagasta, donde operan divisiones clave como Chuquicamata y Ministro Hales, ambas mencionadas en la investigación interna. En la zona existe preocupación por el impacto que esta crisis pueda tener en la imagen de la principal empresa minera estatal y en la confianza sobre los procesos de control y gestión.
En paralelo, distintos sectores políticos ya analizan la posibilidad de impulsar una comisión investigadora en el Congreso para esclarecer responsabilidades administrativas y eventuales consecuencias legales derivadas del caso.
