EditorUna compleja situación enfrenta por estos días la Corporación Nacional del Cobre, luego que se confirmara que más de 6 mil trabajadores y ejecutivos deberán devolver bonos asociados al cumplimiento de metas de producción correspondientes al año 2025, tras detectarse errores en los datos informados por la empresa estatal.
El caso impacta directamente a las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, generando preocupación en la zona minera y encendiendo las alertas entre dirigentes sindicales del norte del país, especialmente en Calama, donde se concentran parte importante de las operaciones de Codelco.
Según los antecedentes dados a conocer, una auditoría interna detectó que cerca de 26.875 toneladas de cobre fueron contabilizadas erróneamente como producción terminada durante 2025, cuando en realidad correspondían a material aún en proceso. La corrección redujo la producción total reportada por Codelco desde 1.334.445 toneladas métricas finas a 1.307.570 toneladas, equivalente a una baja cercana al 2%.
Debido a esta rectificación, la estatal determinó recalcular los incentivos ya pagados por cumplimiento de metas, estableciendo que los trabajadores deberán restituir aproximadamente US$14,3 millones en bonos, cifra que en promedio supera los $2 millones por persona.
La medida provocó inmediatas reacciones de los sindicatos ligados a la minería estatal. Desde Chuquicamata, dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) cuestionaron que la responsabilidad del error recaiga sobre los trabajadores.
El dirigente del Sindicato N°1 de Chuquicamata, Alberto Muñoz, aseguró que no han existido conversaciones formales con la administración y advirtió que el escenario podría derivar en movilizaciones.
“Estamos en alerta y si tenemos que llegar a la movilización, la vamos a hacer”, señaló el representante sindical, enfatizando que los trabajadores “no tienen culpa” en los errores detectados por la auditoría.
Desde Codelco, en tanto, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnic, indicó que el proceso de restitución deberá realizarse “con gradualidad y apego a derecho”, considerando que los pagos fueron efectuados utilizando información que posteriormente debió ser corregida.
La situación también abrió un debate político y de gobernanza en torno al control interno de la principal productora de cobre del mundo. Diversos sectores ya plantean la posibilidad de impulsar una comisión investigadora para revisar los mecanismos de reporte de producción y cálculo de incentivos dentro de la estatal.
El conflicto se produce además en medio de un escenario complejo para Codelco, marcado por desafíos productivos, proyectos estructurales y tensiones internas. Hace solo algunos días, el presidente del directorio saliente, Máximo Pacheco, defendió públicamente la situación financiera y operacional de la minera estatal, asegurando que “Codelco no está fundido”.
Ahora, la controversia por los bonos amenaza con profundizar la tensión laboral en las divisiones del norte, particularmente en Chuquicamata y Ministro Hales, donde miles de trabajadores esperan definiciones respecto a cómo se implementará la devolución de los recursos y cuáles serán las responsabilidades derivadas de la auditoría interna.
