EditorLa aprobación del proyecto minero NX Uno de Peine ya abrió el primer gran conflicto ambiental de la administración de José Antonio Kast. Apenas días después de que el Comité de Ministros otorgara luz verde a la iniciativa del Grupo Errázuriz, la Comunidad Atacameña de Peine confirmó que recurrirá al Primer Tribunal Ambiental para intentar revertir la decisión.
La disputa amenaza con transformarse en un caso emblemático del nuevo ciclo político en materia ambiental y minera. El gobierno defendió la aprobación como parte de una estrategia para acelerar inversiones y reducir trabas regulatorias, mientras comunidades indígenas y organizaciones territoriales denuncian que se ignoraron advertencias técnicas acumuladas durante casi dos décadas de tramitación.
El proyecto “Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine” busca extraer salmuera en el Salar de Atacama para producir hasta 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio. La iniciativa ingresó al sistema ambiental en 2009 y había sido rechazada en distintas instancias durante 2012, 2017 y 2025 debido a observaciones técnicas y cuestionamientos ambientales.
Sin embargo, el Comité de Ministros revirtió el escenario el pasado 7 de mayo y otorgó una Resolución de Calificación Ambiental favorable, marcando una de las primeras señales concretas del enfoque proinversión impulsado por La Moneda.
El foco del conflicto está puesto en el agua.
La Comunidad de Peine sostiene que nuevas extracciones de salmuera podrían profundizar el deterioro hidrogeológico del Salar de Atacama, una zona que —afirman— ya enfrenta un escenario de “estrés hídrico crítico”. También cuestionan que las evaluaciones ambientales continúen revisando proyectos de forma individual y no considerando el impacto acumulativo de las distintas faenas mineras en la cuenca.
“Las tres calificaciones desfavorables se fundaron en incumplimientos de la normativa ambiental y en antecedentes técnicos insuficientes”, sostuvo el presidente de la comunidad, Sergio Cubillos Verasay, en una carta enviada antes de la votación del Comité de Ministros.
La organización indígena además acusa falta de participación en el proceso y asegura que sus solicitudes para intervenir en la sesión donde se revisó el proyecto no fueron consideradas.
Más allá del caso puntual, NX Uno comenzó a ser leído como una señal política del gobierno Kast respecto de la llamada “permisología”.
Desde el Ejecutivo destacan que durante las primeras semanas de administración ya se han destrabado proyectos por miles de millones de dólares y plantean que Chile necesita acelerar inversiones estratégicas ligadas a minería, energía e infraestructura.
Pero el caso también revive una discusión que ha marcado el debate minero de los últimos años: cuánto espacio existe para expandir proyectos extractivos en ecosistemas altamente sensibles como el Salar de Atacama, donde confluyen explotación de litio, minería no metálica, presión hídrica y demandas de pueblos originarios.
La judicialización anunciada por Peine podría transformarse así en una de las primeras pruebas para la relación entre inversión minera, regulación ambiental y derechos indígenas bajo la nueva administración.
