EditorA un mes del hecho de violencia que terminó con la vida de una inspectora en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, el Gobierno concretó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Educación y Carabineros de Chile, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en los establecimientos educacionales.
La firma del acuerdo fue encabezada en terreno por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y la ministra de Educación, María Paz Arzola, quienes regresaron a la ciudad para reforzar la coordinación institucional tras el impacto del caso.
Steinert: “La seguridad en los colegios es una prioridad”
Desde el Ministerio de Seguridad Pública, Trinidad Steinert subrayó el carácter urgente de la medida y el rol que tendrán las policías en su implementación.
“La seguridad en los establecimientos educacionales es una prioridad. Este convenio nos permite fortalecer la coordinación con Carabineros y asegurar una presencia más activa en los territorios, no solo para reaccionar, sino también para prevenir”, señaló la ministra.
La autoridad destacó que uno de los pilares del acuerdo será la designación de puntos focales, especialmente dentro de Carabineros, donde los jefes de zona asumirán responsabilidades directas en la coordinación con las comunidades educativas.
“Estamos estableciendo canales claros de comunicación y acción, de manera que las comunidades escolares sepan con quién coordinar y cómo actuar frente a situaciones de riesgo”, agregó.
Arzola: “La convivencia escolar también se construye con prevención”
Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, puso el acento en el componente formativo del convenio y en la necesidad de abordar la violencia desde una perspectiva integral.
“La seguridad no se construye solo con presencia, sino también con prevención, convivencia y bienestar. Este trabajo conjunto busca acompañar a las comunidades educativas y entregar herramientas concretas a estudiantes y docentes”, afirmó.
En esa línea, explicó que el acuerdo contempla la realización de talleres, capacitaciones y espacios de diálogo al interior de los establecimientos.
“Queremos que los colegios sean espacios seguros, pero también espacios donde se promueva el respeto, la resolución pacífica de conflictos y el cuidado de toda la comunidad educativa”, sostuvo.
Carabineros: despliegue y trabajo directo con establecimientos
El convenio establece un rol activo para Carabineros de Chile, institución que estará a cargo de la ejecución territorial de las medidas, incluyendo presencia preventiva en establecimientos y apoyo en protocolos de seguridad.
Desde la institución policial, se enfatizó la importancia del trabajo coordinado con otros actores del Estado.
“Este es un esfuerzo conjunto que nos permitirá estar más cerca de las comunidades educativas, apoyando tanto en la prevención como en la respuesta ante situaciones complejas”, indicaron desde Carabineros en el marco del anuncio.
Medidas concretas del acuerdo
El convenio contempla tres líneas principales de acción:
Coordinación permanente entre instituciones, con planificación y evaluación conjunta
Designación de puntos focales técnicos, encargados de canalizar información y coordinar acciones
Implementación de medidas preventivas, como charlas, talleres y mesas de trabajo regionales
Estas acciones apuntan a generar una intervención más estructurada y sostenida en el tiempo.
Un punto de inflexión tras la crisis
El caso ocurrido en Calama marcó un antes y un después en la discusión sobre seguridad escolar. La presencia de ambas ministras en la zona y su involucramiento directo en la firma del convenio reflejan la prioridad que el Gobierno ha otorgado a esta problemática.
“No queremos que hechos como este se repitan. Por eso estamos actuando con decisión, coordinando capacidades y poniendo a disposición todas las herramientas del Estado”, enfatizó Steinert.
Desafío: implementación en terreno
Más allá del anuncio, el principal desafío será la implementación efectiva del convenio en los establecimientos educacionales.
“Este es un trabajo que debe sostenerse en el tiempo y que requiere el compromiso de todos: autoridades, comunidades educativas y también las familias”, concluyó Arzola.
