EditorLa política de control migratorio anunciada por el Gobierno comenzará a tomar forma en el norte del país, territorio que en los últimos años se ha convertido en uno de los principales puntos de ingreso irregular a Chile.
El Presidente José Antonio Kast firmó un decreto que instruye la construcción de barreras físicas en sectores críticos de la frontera, además de zanjas y estructuras destinadas a impedir el paso por rutas no habilitadas. La medida forma parte de un plan de reforzamiento del control territorial en la macrozona norte.
En la práctica, el proyecto se aplicará principalmente en regiones como Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, zonas donde se han registrado durante los últimos años numerosos cruces por pasos irregulares, especialmente en áreas altiplánicas cercanas a la frontera con Bolivia.
En el caso de la provincia de El Loa, autoridades locales han advertido que el fenómeno migratorio también tiene impacto en comunas como Calama, donde se han evidenciado efectos sociales y logísticos derivados del tránsito de personas por rutas del desierto.
El plan del Ejecutivo no solo considera infraestructura. También incluye mayor presencia de las Fuerzas Armadas en labores de vigilancia, así como el uso de drones y sistemas de monitoreo para detectar desplazamientos en zonas de difícil acceso.
Desde el Gobierno han señalado que el objetivo es reducir los ingresos irregulares y reforzar la seguridad en las regiones fronterizas, aunque la implementación concreta —ubicación de las barreras, plazos de construcción y recursos— aún deberá definirse en coordinación con autoridades regionales y locales.
En el norte del país, donde la migración irregular ha sido tema permanente en la agenda pública, el anuncio abre un nuevo escenario respecto de cómo se abordará el control fronterizo y el impacto que estas medidas podrían tener en las comunidades que conviven con la dinámica de frontera
