El informe consolidado al cierre de 2025 detalla más de 40 mil licencias médicas incumplidas y estima pagos por casi $37 mil millones en remuneraciones durante periodos de reposo.
Actualidad05/02/2026
Editor
La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó el informe consolidado sobre el estado de los procedimientos disciplinarios instruidos por el Ministerio de Hacienda frente al mal uso de licencias médicas en el sector público, en cumplimiento de lo mandatado en la Ley de Presupuestos del Sector Público 2026.
El documento, dado a conocer este 5 de febrero de 2026, fue elaborado con información recopilada entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2025. El trabajo fue coordinado por el Comité Nacional de Ausentismo, a través de su secretaría técnica radicada en la Dipres.
Según el informe, las instituciones del Gobierno Central reportaron un total de 40.629 licencias médicas incumplidas durante el periodo, antecedentes remitidos por la Contraloría General de la República (CGR), los cuales involucran a 29.270 funcionarios públicos.
De este total, 23.745 funcionarios continúan trabajando en el servicio público, mientras que 5.525 ya no se desempeñan en dichas funciones. Sin embargo, dentro de este último grupo, 2.947 personas igualmente están siendo objeto de sumarios administrativos. En total, existen 26.692 funcionarios cuyos casos deben ser investigados mediante procedimientos disciplinarios.
Avance de los sumarios
De acuerdo con Dipres, ya se han instruido 25.352 sumarios administrativos. De ellos, 21.098 aún se encuentran en proceso, mientras que 4.254 cuentan con resolución del jefe superior del servicio correspondiente.
Dentro de estos últimos, 2.711 funcionarios mantienen sus casos a la espera del cierre definitivo o de la ejecución de la medida disciplinaria, incluyendo situaciones donde las resoluciones han sido impugnadas por los propios involucrados.
Asimismo, 1.543 procesos ya se encuentran completamente cerrados y con resolución ejecutoriada. De ellos:
Desde Dipres explicaron que los casos cerrados sin sanción obedecen a diversas situaciones que deben acreditarse durante la etapa investigativa y que son revisadas por la Contraloría para su toma de razón.
Duración de licencias y costo fiscal
El informe señala que la duración promedio de las licencias médicas involucradas alcanza los 22,1 días. Considerando remuneraciones promedio de $1,9 millones brutos mensuales, se estima que los funcionarios investigados recibieron en conjunto cerca de $36.876 millones durante los periodos en que se encontraban con licencia médica.
Otro antecedente relevante es que 1.009 funcionarios presentaron su renuncia antes de que se iniciara un procedimiento disciplinario en su contra.
Distribución de casos y antecedentes previos
El documento también indica que antes de que la Contraloría hiciera públicos los casos de funcionarios que viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024, ya existían 5.182 funcionarios sumariados por situaciones similares.
Respecto al ingreso de los funcionarios involucrados al servicio público, el informe detalla que 4.061 ingresaron desde el 11 de marzo de 2022 en adelante, mientras que 23.667 corresponden a trabajadores que se incorporaron en administraciones anteriores.
En cuanto al desglose de los casos detectados por la Contraloría, el 33% corresponde a salidas del país, el 35% a salidas del país en servicios regionales, el 21% a asistencia a casinos de juego, el 5% a emisores de licencias investigados penalmente, otro 5% a salidas del país en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y un 1% vinculado a atención de partos.
El informe forma parte de las medidas impulsadas por el Ministerio de Hacienda para fortalecer el control del ausentismo laboral en el sector público y avanzar en la correcta utilización de las licencias médicas, en coordinación con los organismos fiscalizadores del Estado.
El documento tiene una vigencia de seis años, pero su entrega o extensión puede variar dependiendo del estado de salud del solicitante, según normativa del Ministerio de Transportes.
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