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Mientras la región se adentra en la temporada estival, las personas que dependen de tratamientos de diálisis en Antofagasta enfrentan un escenario cada vez más complejo. A meses del cierre del centro especializado de diálisis de la Clínica Bupa, ocurrido en abril de este año y que ya había afectado gravemente la calidad de vida de decenas de pacientes, una nueva incertidumbre se cierne sobre el sistema de atención renal en la zona.
Se trata de la eventual inviabilidad del proyecto de la Unidad de Diálisis del Hospital Clínico de la Universidad de Antofagasta (HCUA), iniciativa largamente esperada por pacientes renales de la región y del Norte Grande. El proyecto se ve amenazado por las deficiencias en la gestión del traspaso administrativo del recinto, actualmente controlado por la Fundación Red Salud Universidad de Antofagasta, pese a que un dictamen de la Contraloría General de la República ordenó que dicha administración sea asumida por la casa de estudios superiores.
Ante este escenario, el gobernador regional, Ricardo Díaz, alzó la voz y subrayó la gravedad de la situación. La autoridad enfatizó la importancia estratégica de contar con un centro de esta envergadura dependiente de la principal casa de estudios de la región, la Universidad de Antofagasta, institución que en 2024 anunció la creación de una unidad de diálisis en dependencias del HCUA, con un financiamiento de $1.600 millones aportados por el Gobierno Regional.
“La situación de la Universidad de Antofagasta es bastante grave. Lo que hay que buscar es cómo la universidad, en su conjunto, asuma un rol preponderante para salvaguardar la academia y su misión educativa, formando profesionales que aporten al desarrollo de la región y del país”, señaló el gobernador Díaz, remarcando la responsabilidad social que recae sobre la única universidad estatal de Antofagasta.
Una crisis con múltiples aristas
El riesgo que enfrenta la puesta en marcha de la unidad de diálisis no es un hecho aislado. Se suma a una serie de antecedentes que han encendido las alertas respecto del futuro del HCUA y de la propia universidad, particularmente en lo relativo al acceso a prestaciones de salud para los usuarios del sistema público.
En este contexto, resulta clave el dictamen E424655/2023 de la Contraloría General de la República, emitido el 6 de diciembre de 2023, que instruyó regularizar el traspaso de la administración del hospital clínico desde la fundación a la universidad. El recinto, cabe recordar, fue cedido por el Servicio de Salud en 2019. Sin embargo, a más de un año de la resolución del organismo contralor, el proceso aún no se ha concretado, poniendo en riesgo el normal funcionamiento del establecimiento.
De acuerdo con el dictamen, la responsabilidad de velar por el funcionamiento y la comercialización de las prestaciones recae en la universidad. No obstante, fuentes al interior del propio establecimiento advierten que dicho rol continúa siendo ejercido por la fundación, lo que genera un obstáculo estructural para la suscripción de convenios con Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y con isapres.
Esta situación tiene un impacto directo en los pacientes, ya que impide el acceso a bonos y coberturas para atenciones de alto costo y carácter vital, como la diálisis. De no resolverse estas irregularidades administrativas, la anunciada unidad podría quedar inhabilitada para prestar servicios a quienes más lo necesitan, profundizando la crisis sanitaria y social que afecta a los enfermos renales de la región.
Así, la advertencia del gobernador regional no solo apunta a una crisis institucional universitaria, sino a un problema de fondo que amenaza el derecho a la salud de cientos de personas, en un territorio donde la oferta de diálisis ya se encuentra seriamente tensionada.
