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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Antofagasta dio a conocer este jueves una sentencia de más de 300 páginas que detalla las penas que deberán cumplir los once integrantes de una estructura criminal de origen colombiano que operó durante años al interior del campamento Génesis II. El líder del grupo, Javier Valencia González, fue condenado a 77 años de prisión, mientras que los demás miembros recibieron castigos que van entre los 10 y 18 años, acumulando en total más de 184 años de cumplimiento efectivo.
La investigación desarrollada por la Fiscalía Regional y la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado de la PDI permitió establecer que, desde al menos 2023, la organización funcionaba bajo un esquema jerárquico destinado a cometer diversos delitos, principalmente tráfico de drogas y hechos de extrema violencia. Según la sentencia, el grupo mantenía el control del territorio mediante amenazas, agresiones y homicidios, generando un ambiente de temor persistente entre las familias que viven en el sector.
Valencia González, quien llegó a Chile escapando de una condena de 33 años en su país, fue detenido en mayo de 2024 tras un homicidio y un ataque que dejó a otra persona gravemente herida. Su captura permitió abrir paso a una operación posterior en la que fueron detenidos los demás integrantes de la organización, allanando caminos y marcando uno de los golpes investigativos más importantes en la zona norte durante los últimos años.
El fiscal regional, Juan Castro Bekios, destacó que esta sentencia refleja la magnitud de los delitos investigados y la importancia de perseguir a grupos que han instalado dinámicas de violencia sostenida en la región. Señaló que las penas representan un mensaje directo a las organizaciones criminales que operan en Antofagasta y que la fiscalía continuará actuando con firmeza en sectores donde estas estructuras intenten asentarse.
El juicio, que se extendió por más de un mes, requirió medidas de seguridad especiales debido al perfil de los acusados y a la naturaleza de los crímenes atribuidos. La resolución también incluye multas, inhabilidades y la obligación de registrar a los condenados en el sistema de ADN establecido por la ley. Una vez ejecutoriado el fallo, los involucrados deberán cumplir efectivamente las penas, descontando solo el tiempo que permanecieron en prisión preventiva.
Las defensas tendrán ahora la opción de presentar recursos, aunque ello no altera por el momento la contundencia del fallo ni el impacto que significa para la comunidad del campamento Génesis II, que durante años convivió con el control ilegal ejercido por esta agrupación.
