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La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer trámite, la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, iniciativa que es parte de las acciones impulsadas por el gobierno en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
A nivel regional, esta iniciativa fue destacada por la secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, quien precisó que esta moción, presentada en 2022 por diputadas y diputados de diversos sectores, establece la calificación legal de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de 1973 a 1990, lo que permitirá al Estado reconocer oficialmente su ausencia, otorgar certificados gratuitos que acrediten dicha condición y brindar una herramienta de reparación simbólica clave para las familias.
El proyecto crea un registro público, gratuito y digital, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya base será una nómina elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, incorporando antecedentes provenientes de comisiones de verdad y sentencias judiciales.
La seremi de Justicia y Derechos Humanos, Trissy Figueroa Rivera, relevó que “a 52 años del golpe militar, hoy vamos a tener un registro oficial de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada, y sus familiares podrán acceder a un certificado que informe que sus familiares se encuentran ausentes por desaparición forzada. El próximo 18 y 19 de octubre se cumple un año más del paso de Caravana de la Muerte en nuestra región, que en la Quebrada El Way de Antofagasta ejecutó a 14 personas, sumándose a las 26 víctimas ejecutadas en las cercanías de las quebradas del Buitre y Moctezuma de Calama. Este es un paso muy significativo para que en nuestro país nunca se legitimen las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado”
“Es una forma de reparación que dignifica a las víctimas y reconoce el derecho de las familias a la verdad. Además, es un paso clave en el desafío de fortalecer el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia para esclarecer las trayectorias de las víctimas y apoyar las investigaciones judiciales. Con esta ley, Chile reafirma que la desaparición forzada fue una política sistemática del Estado durante la dictadura y que tenemos la obligación de seguir buscando, esclareciendo lo ocurrido y garantizando que estos crímenes no se repitan.”, destacó la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla.
La sesión contó con la presencia de representantes de las agrupaciones y familiares de detenidos desaparecidos, quienes valoraron la aprobación de la iniciativa.
