La parlamentaria, formalizada por fraude al fisco, quedó con arresto domiciliario total mientras se investiga su presunta intervención en el traspaso irregular de fondos a la fundación Democracia Viva, en un caso que involucra a ex colaboradores cercanos en la Región de Antofagasta.
Actualidad12/05/2025
EditorEl Juzgado de Garantía de Antofagasta ordenó este lunes el arresto domiciliario total y arraigo nacional de la diputada por la Región de Antofagasta Catalina Pérez, exmilitante del Frente Amplio, tras ser formalizada por tres delitos de fraude al fisco en el marco del caso Democracia Viva, el escándalo que destapó el uso irregular de convenios directos entre fundaciones y organismos del Estado.
Pérez desaforada por la Corte Suprema en febrero pasado es investigada en tres convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, por un monto total de $426 millones. en 2022 a la fundación Democracia Viva, que estaba dirigida por su entonces pareja, Daniel Andrade, y que recibió los fondos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada en ese entonces por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de la parlamentaria. Tanto Andrade como Contreras también fueron formalizados: el primero cumple arresto domiciliario, mientras que el segundo se encuentra en prisión preventiva.
La jueza Claudia Campusano otorgó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación. Durante la audiencia, se revelaron conversaciones de WhatsApp entre Pérez y Andrade que, según el Ministerio Público, evidenciarían que la diputada tuvo conocimiento del convenio y habría dado instrucciones para simular el funcionamiento de una supuesta oficina de la fundación. "Hay antecedentes suficientes que la vinculan como autora de los delitos", señaló el fiscal Cristian Aguilar, jefe de la Fiscalía Local de Antofagasta.
El caso Democracia Viva fue el primero en destapar el llamado caso Convenios, una trama de desvío de recursos públicos que ha generado impacto político y social en todo el país, especialmente en la región. La Contraloría General de la República determinó que no hubo concurso público ni fundamentos documentados para la adjudicación directa de los convenios, y que ni la fundación ni Andrade contaban con experiencia técnica para ejecutar los proyectos en campamentos del norte.
Catalina Pérez ha defendido su inocencia y asegura no haber tenido conocimiento del proceso de adjudicación. Sin embargo, los antecedentes recopilados hasta ahora por la fiscalía contradicen su versión inicial, y se suman a una serie de declaraciones y pruebas que consolidan la tesis del Ministerio Público sobre su participación activa en los hechos.
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