Contraloría investigará deterioro del Cesfam Central de Calama y abandono del ex Hospital Carlos Cisternas

La solicitud busca esclarecer responsabilidades por condiciones sanitarias que obligaron al cierre del recinto y afectaron la atención de cientos de usuarios en Calama.

Actualidad01/05/2025EditorEditor
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CESFAM Central Calama

La reapertura del Cesfam Central de Calama, tras permanecer cinco días cerrado por problemas sanitarios, no cerró el debate en torno a las causas que provocaron su deterioro. Por el contrario, la situación escaló hasta la Contraloría General de la República, donde se presentó un requerimiento para investigar las condiciones en las que opera el centro y su relación con el abandono del ex Hospital Carlos Cisternas.

El documento fue ingresado por el diputado por la Región de Antofagasta y actual presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), quien solicitó al órgano fiscalizador determinar las responsabilidades administrativas en torno al estado del Cesfam. “Es necesario saber qué acciones está tomando el Servicio de Salud para garantizar condiciones óptimas de atención”, señaló.

Durante los días de cierre, las prestaciones médicas debieron trasladarse a juntas de vecinos, lo que generó molestias y complicaciones en la entrega de medicamentos y en la atención a cientos de usuarios. Según los antecedentes, la presencia de plagas y vectores habría sido el principal detonante del cierre, situación atribuida al abandono de instalaciones públicas colindantes, como el antiguo hospital.

La preocupación por el impacto sanitario y operativo llevó a distintas autoridades y dirigentes vecinales a exigir soluciones duraderas. El requerimiento a Contraloría apunta precisamente a evitar que hechos de esta naturaleza se repitan, afectando la salud de los habitantes de Calama y de otros puntos de la región.

“Más allá de la buena noticia que implica la reapertura del Cesfam, necesitamos respuestas claras y medidas concretas. No podemos seguir improvisando con la salud de la población”, agregó Castro.

Ahora será tarea del organismo fiscalizador determinar si existieron omisiones por parte del Servicio de Salud o de otros actores involucrados, en un proceso que podría derivar en sanciones administrativas y en la exigencia de un plan de recuperación para las instalaciones públicas en desuso.

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