Alcalde Chamorro dijo que esperara mayor aporte del gobierno para enfrentar la delincuencia y este jueves estará en La Moneda con los demás alcaldes del norte
Actualidad21/04/2023
Editor
Al menos 23 mil calameños salieron a las calles e la ciudad este viernes a exigir mayor seguridad para la comuna, que vive uno de sus momentos más críticos luego de las balaceras registradas el martes contra la Comisaría de Carabineros y el terminal de buses, que dejaron un saldo de dos muertos (incluido el autor de los disparos) y 5 heridos, todos civiles.
La situación causó gran conmoción entre los habitantes de la zona que , en todo caso, relatan que diariamente conviven con la inseguridad, expresada en un considerable aumento de los delitos de mayor connotación, tales como robos de vehículos, portonazos, abordazos y homicidios. Estos últimos han aumentado dramáticamente, puesto que en 2022 se registraron 18, mientras que en lo que va de este año, ya suman 10, con lo que la tasa de la Capital loína, duplica a la del resto del país, superada solo por Santiago.
Todo lo anterior, hizo que la ciudadanía convocada por el alcalde Eliecer Chamorro, decidiera exigir a través de un paro comunal, mayor atención a la zona productora por excelencia. Y aunque el gobierno anunció hace unos días la inclusión de Calama en el plan "Calle sin Violencia" y a pesar del viaje este jueves del subsecretario del interior, Manuel Montalve, quién anunció varias medidas para apoyar la lucha contra la delincuencia, entre ellas, la designación de un fiscal preferente para investigar los casos de mayor connotación, la llegada de 26 Carabineros del escuadrón Centauro y de Orden y Seguridad, más tres furgones Z, dos radiopatrullas y un bus. Sumado al arribo de 10 profesionales de la PDI, la vecindad loína espera más.
Es así que el propio alcalde Chamorro, dijo valorar los anuncios del gobierno, pero señaló esperar más, incluso abogando por el establecimiento de un Estado de Excepción o bien resguardar a la comunidad mediante algún decreto de emergencia Comunal, que permita un rápido y efectivo combate a la delincuencia en su comuna.
Igualmente, el jefe comunal contó que Calama está en estado de alerta, probablemente hasta la próxima semana, puesto que el jueves viajará con otros alcaldes del norte a reuniones en La Moneda para avanzar en una mayor atención para sus comunas.
Iniciativas impulsadas por el gobernador regional buscan mejorar el acceso a tratamientos de salud en la red pública.
La medida incluye la suspensión del cargo mientras se desarrolla la investigación y busca asegurar la continuidad del servicio educacional en las comunas de la provincia.
Autoridades revisaron el estado del Embalse Conchi y las obras de encauzamiento que se ejecutan en Calama y San Pedro de Atacama para prevenir riesgos asociados al invierno altiplánico.
El proceso registra un 50% de avance, con alta participación de empresas interesadas y más de 700 consultas recibidas, en una iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública mediante televigilancia de última generación.
La aprobación del artículo 121 abre la puerta a un nuevo tribunal en la comuna, una medida largamente esperada que busca mejorar los tiempos de respuesta y el acceso a la justicia para la comunidad.
Proyecto de más de $17.300 millones financiado con recursos FNDR será sometido a un examen de legalidad y control preventivo por su magnitud, complejidad tecnológica y eventuales costos futuros para la región.
El evento, que buscó democratizar y descentralizar el conocimiento en torno a la ciencia y la tecnología y su impacto en la sociedad y el desarrollo, contó nuevamente con el apoyo de Codelco en el marco de su compromiso con la sustentabilidad y la innovación.
La llamada Ley Jacinta incorporará una declaración jurada de salud obligatoria y endurecerá las sanciones para quienes entreguen información falsa al momento de solicitar el documento.
Antecedentes internos activaron una revisión administrativa por eventuales conflictos de interés en el Servicio Local de Educación Pública Licancabur, luego de la contratación de familiares directos en áreas sensibles del servicio. La entidad aseguró que no se acreditaron irregularidades, pero adoptó medidas preventivas para resguardar la probidad.
Proyecto de más de $17.300 millones financiado con recursos FNDR será sometido a un examen de legalidad y control preventivo por su magnitud, complejidad tecnológica y eventuales costos futuros para la región.
Autoridades revisaron el estado del Embalse Conchi y las obras de encauzamiento que se ejecutan en Calama y San Pedro de Atacama para prevenir riesgos asociados al invierno altiplánico.
El proceso registra un 50% de avance, con alta participación de empresas interesadas y más de 700 consultas recibidas, en una iniciativa que busca fortalecer la seguridad pública mediante televigilancia de última generación.
La medida incluye la suspensión del cargo mientras se desarrolla la investigación y busca asegurar la continuidad del servicio educacional en las comunas de la provincia.