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El diputado por la Región de Antofagasta, José Miguel Castro (RN), pidió urgencia al proyecto de ley que presentó en abril de 2024 y que busca modificar la Ley sobre Violencia Escolar (20.536), estableciendo la obligatoriedad de generar departamentos de bienestar en los establecimientos educacionales del país. La moción parlamentaria, actualmente sin movimiento legislativo, cobra nueva relevancia tras los recientes hechos de violencia y mal manejo de situaciones complejas en el ámbito escolar.
“Si seguimos reaccionando solo cuando los hechos ya han estallado, vamos a seguir lamentando tragedias. Hagámonos cargo de la salud mental lo antes posible”, enfatizó el parlamentario, quien solicitó al Ejecutivo y a la Comisión de Educación de la Cámara que prioricen la discusión del proyecto.
Entre los casos que han evidenciado la fragilidad del sistema se encuentra la agresión sufrida por una profesora en el
Liceo Bicentenario de Excelencia en Trehuaco, presuntamente por parte de un alumno de 14 años con condición del espectro autista (TEA). También causaron indignación los mensajes ofensivos de un profesor de Quilpué hacia estudiantes TEA, difundidos en redes sociales. Ambos episodios revelan una falta estructural en el abordaje de la salud mental y la convivencia en los entornos escolares.
Asimismo, se recordó el caso de la profesora Katherine Yoma, quien se suicidó tras haber sido víctima de reiteradas amenazas de una alumna en la Escuela D-68 de Antofagasta, situación que sacudió a las comunidades escolares del país y puso sobre la mesa la necesidad de contar con redes de apoyo reales dentro de los establecimientos.
“Siempre se dice que, si los padres están bien, los hijos también lo estarán, porque se trata de figuras de apego. En los colegios debiera ocurrir algo similar: si el adulto responsable, que acompaña a los estudiantes durante gran parte del día, no está bien, entonces los estudiantes tampoco lo van a estar”, advirtió el diputado Castro.
La propuesta contempla la creación de Departamentos de Bienestar conformados por equipos multidisciplinarios —psicólogos, trabajadores sociales, orientadores— que puedan intervenir de manera oportuna frente a situaciones de conflicto, acoso, estrés o afectaciones emocionales, tanto en estudiantes como en docentes y asistentes de la educación.
“No hay duda de que la salud mental de los profesores repercute directamente en la de los alumnos. Mientras logremos construir un ambiente adecuado, respetuoso y con herramientas que empoderen a los docentes frente a los desafíos actuales del aula, vamos a avanzar hacia una convivencia escolar más sana y segura para todos”, agregó.
Finalmente, desde el Congreso, el legislador llamó a sus pares a dar respaldo transversal a la iniciativa, señalando que “la salud mental no distingue colores políticos, y las comunidades escolares están clamando por un apoyo institucional real y efectivo”.
