EditorEl gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, cuestionó las condiciones propuestas por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para la ejecución de los recursos regionales durante 2027 y advirtió que los incentivos asociados al cumplimiento de metas podrían terminar siendo un problema más que una solución. Ante la comisión del Congreso que analiza el Presupuesto, la autoridad calificó las exigencias como una “camisa de fuerza” que dificultaría la gestión de los gobiernos regionales.
Durante su exposición, Díaz sostuvo que la discusión se ha concentrado en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y en un mecanismo que considera incentivos vinculados a la ejecución de al menos el 50% de los recursos hasta julio. A su juicio, esta fórmula no toma suficientemente en cuenta las dificultades que enfrentan los servicios públicos para ejecutar proyectos y convenios financiados con fondos regionales.
Como ejemplo, el gobernador mencionó la construcción de una escuela en San Pedro de Atacama, cuya inversión asciende a $21 mil millones y que el Gobierno Regional pretende ejecutar directamente. Según explicó, la decisión responde a los problemas que han enfrentado para concretar iniciativas mediante otros organismos públicos. También cuestionó el avance de un convenio con Vivienda, que contemplaba $20 mil millones, pero del cual, según sus cifras, solo se ejecutaron $2 mil millones.
La autoridad regional agregó que existen otros compromisos pendientes. En Vialidad, señaló que se habían aprobado $25 mil millones para caminos vinculados al Corredor Bioceánico, recursos que, según indicó, no fueron ejecutados durante este año. En Salud, en tanto, afirmó que de los $11 mil millones destinados a reducir las listas de espera solo se había ejecutado $1.000 millones.
Frente a este escenario, Díaz planteó la necesidad de establecer un mecanismo de seguimiento que permita identificar las responsabilidades de los servicios públicos en los retrasos. Propuso que una instancia coordinada, eventualmente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), supervise periódicamente los avances y entregue información al Parlamento sobre el cumplimiento de los compromisos.
El gobernador también cuestionó que los recursos adicionales puedan transformarse en una carga si se asignan cuando queda poco tiempo para ejecutarlos. “Al final ese premio (incentivo) se convierte en un salvavidas de plomo”, afirmó, al advertir que los procedimientos administrativos y el cierre presupuestario de octubre limitarían la posibilidad de impulsar nuevas iniciativas durante los últimos meses del año.
En representación de la Asociación de Gobernadores de Chile (AGORECHI), de la que forma parte, Díaz señaló que se presentó una contrapropuesta para modificar el enfoque de la discusión. Esta considera mantener el presupuesto inicial del año anterior, aplicar una rebaja del 3% y evaluar en julio el nivel de ejecución de cada gobierno regional antes de definir eventuales descuentos.
“Que no se castigue a todos anticipadamente sobre la base de algo que no tenemos certeza que va a ocurrir”, planteó el gobernador, quien defendió una evaluación basada en la capacidad efectiva de ejecución de cada institución.
Finalmente, Díaz manifestó su disposición a continuar las conversaciones, aunque rechazó las condiciones planteadas por DIPRES. “Porque de lo contrario se estaría aprobando una forma errónea de concebir la administración del Estado”, concluyó.
