Renuncia seremi de Vivienda queda ligada a polémica por recorte de viviendas
EditorLa crisis en torno al principal convenio habitacional vigente en la Región de Antofagasta sumó este martes un nuevo capítulo con la salida del secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo, Jorge Olivares, quien presentó su renuncia al cargo en medio de la controversia generada por la reducción de más de 5.000 viviendas contempladas originalmente en el acuerdo entre el Gobierno Regional y SERVIU.
La salida fue confirmada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mientras el titular de la cartera, Iván Poduje, explicó que al ahora exseremi se le solicitó la renuncia debido a “graves falencias en gestión de convenio regional”.
El ministro, además, anunció que este miércoles viajará a la Región de Antofagasta para respaldar al equipo regional y abordar directamente los problemas derivados del convenio.
De 8.733 a 3.268 viviendas
El origen de la controversia se encuentra en el convenio “Más Viviendas, Mejor Región, Antofagasta 2023-2028”, suscrito entre el Gobierno Regional y SERVIU, que originalmente contemplaba 8.733 soluciones habitacionales distribuidas en 42 iniciativas.
El acuerdo consideraba cerca de $88.995 millones provenientes del FNDR y más de $355 mil millones en recursos sectoriales.
Sin embargo, durante la presentación de una segunda adenda, SERVIU informó que su capacidad efectiva de ejecución se reducía a 3.268 viviendas, distribuidas en 26 iniciativas y cinco comunas. La diferencia representa más de 5.400 soluciones respecto de la programación inicial.
La información provocó una inmediata reacción del gobernador regional Ricardo Díaz, quien anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República para que se revisen los antecedentes.
“Esto significa que en la región habría 5.000 familias que no tendrían garantizada la vivienda”, sostuvo la autoridad regional, quien además cuestionó que SERVIU hubiera avanzado en procesos de licitación sin informar previamente al Gobierno Regional.
SERVIU atribuye reducción al aumento de costos
Desde SERVIU han explicado que la disminución de la meta está relacionada principalmente con el incremento de los costos de construcción y urbanización respecto de las estimaciones utilizadas cuando se suscribió el convenio en 2023.
La directora subrogante del organismo, Melisa Lucero, apuntó particularmente a las manzanas 11 y 12 del proyecto La Chimba, donde los costos unitarios habrían aumentado considerablemente.
El propio Jorge Olivares había defendido esta explicación antes de dejar el cargo, señalando que el objetivo de la reunión con el Gobierno Regional era “sincerar los números” y que los valores actuales ya no permitían financiar las 8.733 viviendas originalmente consideradas.
“Los cálculos actuales, los cálculos reales que tenemos, no concuerdan”, señaló el ahora exseremi, según consignó Timeline.
No obstante, la explicación no consiguió cerrar el conflicto. Desde el Gobierno Regional se ha planteado que la discusión no puede limitarse a una diferencia de costos, debido a que existe un convenio formalmente suscrito y recursos comprometidos para alcanzar las metas habitacionales acordadas.
Una salida que aumenta la presión sobre el Ministerio
La renuncia de Olivares cambia ahora el escenario de la disputa.
Hasta antes de conocerse su salida, el debate estaba concentrado en las diferencias entre el GORE y SERVIU respecto de la ejecución del convenio. Ahora, la decisión del ministro Poduje introduce además una revisión política y administrativa de la gestión realizada por la Seremi de Vivienda en la región.
La propia autoridad ministerial vinculó directamente la salida del seremi con la gestión del convenio, al hablar de “graves falencias”.
El Gobierno deberá explicar ahora qué aspectos concretos de la administración del convenio motivaron la decisión y, especialmente, qué medidas adoptará para evitar que la reducción de la meta termine afectando a las familias que esperaban acceder a una solución habitacional mediante este programa.
La región espera respuestas
El episodio ocurre en una zona que enfrenta una fuerte presión por acceso a la vivienda, particularmente en Antofagasta y Calama, pero también en comunas como Tocopilla y Taltal.
Por ello, la controversia excede la situación particular de una autoridad regional. El punto de fondo es determinar si las metas comprometidas en el convenio serán finalmente cumplidas, modificadas o reemplazadas por una nueva programación.
Mientras el Gobierno Regional prepara los antecedentes que llevará a Contraloría, el ministro Iván Poduje llegará este miércoles a Antofagasta con la tarea de abordar directamente el conflicto.
La pregunta que queda instalada en la región es concreta: ¿qué ocurrirá con las más de 5.000 viviendas que quedaron fuera de la capacidad de ejecución informada por SERVIU y quién asumirá la responsabilidad por la diferencia entre lo comprometido y lo que actualmente se puede construir?
La respuesta del Ministerio será seguida de cerca por los municipios, organizaciones de vivienda y familias que esperan una solución habitacional en las distintas comunas de la Región de Antofagasta.